Tal como ocurrió con varias provincias “amigables”, la Casa Rosada decretó un anticipo de hasta 400 mil millones en materia de coparticipación.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, que busca reforzar la relación con los gobernadores a días de tratarse leyes claves para la administración libertaria como la Reforma Electoral que incluye la eliminación de las PASO, medida que el gobierno considera estratégica para su intento reeleccionista.
Como ya ocurrió con los casos de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán; el Ejecutivo nacional otorgó un anticipo financiero de hasta 400 mil millones de pesos a la Provincia de Córdoba, que deberá «ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso». La medida se dispuso mediante el decreto 584/2026 publicado en el Boletín Oficial de la Nación y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según el artículo 2 «el monto máximo a otorgar establecido en el artículo precedente lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía conforme a la capacidad de repago de la referida provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales».
La mayoría de las provincias están alineadas con el oficialismo, aunque La Rioja y Tierra del Fuego no. Y en todos los casos se estableció que la devolución del dinero debe concretarse dentro del Ejercicio Fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre los fondos que cada estado provincial reciba en concepto de coparticipación federal de impuestos. Será la secretaría la encargada de “disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas”.
Las provincias beneficiarias deberán autorizar al organismo bajo la órbita de Economía, a retener automáticamente los fondos emergentes del régimen, hasta cubrir el total del anticipo más los intereses correspondientes. La normativa prevé la posibilidad de que las autoridades de Hacienda acuerden con cada jurisdicción las condiciones de desembolso, los plazos y las modalidades de devolución de los fondos «pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos».