El inmueble de Puerto Madero se subastó por 34 millones de dólares sin un plan de transición definido ni presupuesto para la nueva sede. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas recibió una denuncia por presuntas irregularidades que expondrían objetivos digitales estratégicos del país.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia para examinar la legalidad y transparencia de la venta del inmueble donde opera el Comando Conjunto de Ciberdefensa, ubicado en Puerto Madero. El predio, que pertenecía a la Armada Argentina, se subastó por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6 bajo el marco del Decreto 950/2024.
La denuncia, registrada bajo el código KLGZ-246 el 10 de noviembre, describe presuntas irregularidades y omisión de deberes de funcionario público en el procedimiento de venta. El decreto presidencial de Javier Milei autorizó la disposición de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de su «innecesariedad» para la gestión pública, con el objetivo de generar ingresos significativos para el Estado.
El documento cuestiona la falta de planificación y la ausencia de un plan de transición detallado para reubicar el organismo que protege los objetivos digitales estratégicos del país. También advierte sobre las eventuales consecuencias estratégicas de un posible ciberataque durante el traslado, previsto para concluir en marzo de 2026.
La denuncia pide investigar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, por presuntamente omitir objeciones ante el Estado Mayor Conjunto y la Agencia de Administración de Bienes del Estado respecto del riesgo que implicaba la venta sin un plan de reemplazo definido ni presupuesto asignado. También señala al brigadier general Xavier Isaac, jefe del EMCO, de quien depende operativamente el Comando, por disponer de un activo crítico sin validar un plan de contingencia ni la planificación de una nueva sede con estándares de seguridad.
El texto también apunta al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, por su presunta participación en las decisiones que determinaron la «innecesariedad» del inmueble. Se solicita revisar si cumplió con medidas de coordinación para mitigar el riesgo de seguridad nacional que produciría la venta sin un plan de transición ni presupuesto asignado.
Expertos en ciberseguridad consultados por Ámbito, medio que difundió la información, plantearon interrogantes clave: «¿se analizaron los riesgos y los costos de operación, infraestructura y logística, de la venta del predio, antes de autorizarla?, ¿se comprobaron las vulnerabilidades en la seguridad digital de objetivos críticos y su neutralización al momento de reubicar el organismo ciber en una nueva locación?»
La diputada Agustina Propato, integrante de la Comisión de Defensa, cuestionó la aplicación del concepto de «innecesariedad» a un inmueble que alberga funciones cruciales para la defensa. El Comando Conjunto de Ciberdefensa se creó en 2014 para proteger la infraestructura digital crítica y los sistemas de comunicación del país en el ciberespacio, considerado el nuevo escenario de batalla global.