La causa se inició en mayo tras la denuncia del actual Procurador municipal. Tomó estado público cuando la justicia allanó una finca en donde se acopiaba mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas destinadas a la asistencia.
Todo se hizo público el primer viernes del mes de junio cuando se realizaron allanamientos en una finca. El investigado era Emilio Fayón, ex titular de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, primo de la ex intendenta, Bettina Romero y asesor en el senado nacional de su tío Juan Carlos Romero.
En lo central, los allanamientos confirmaron que Fayón acopiaba “mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas”, luego se supo que entre los señalados estaban otros ex funcionarios municipales (Silvia Varg o Aroldo Tonini) y que la mercadería en cuestión iba desde los galpones de la muni a la finca. La investigación había sido realizada por la actual gestión municipal que al asumir en diciembre del 2023 se dio con que los galpones estaban literalmente vacíos.
A meses de esos hechos, se informó que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó provisionalmente ayer a Fayón por el presunto delito de fraude a la administración pública y presuntas irregularidades durante su función en la presidencia de la Panadería Social. Su esposa y cuñada también fueron imputadas como partícipes necesarias.
“El ex funcionario municipal y las dos mujeres asistieron a la audiencia de imputación asistidos por un abogado particular, se abstuvieron de declarar y no aceptaron responder preguntas de la Fiscalía” destacaron desde el ministerio público. Según una auditoría del organismo que abarcó el periodo julio – diciembre de 2023, hay indicios de sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de unos $100 millones. Entre los favorecidos por las compras figuran la esposa y la cuñada de Fayón quienes habrían facturado a la Panadería Social más de $50 millones por fiambres y embutidos.
