En un documento de más de 500 páginas, los jueces explicaron cómo se probó que la empresa montó una estafa piramidal que generó perjuicios económicos por $776.834.153 a 118 víctimas.
Los fundamentos de la sentencia especificaron que la empresa funcionó con varias sedes en Salta capital a cargo de los demás condenados: Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornoz.
La estrategia de crecimiento se basó en la apariencia de legalidad y solvencia. Se prometieron intereses mensuales de hasta 7.5% en dólares para inversiones en fideicomisos y rendimientos aún mayores con productos específicos llamados “bots” o “robots”, como el “bot navideño” que ofrecía duplicar el monto invertido en tres meses.
Los damnificados podían visualizar sus inversiones y ganancias en una plataforma en línea. Sin embargo, los recibos entregados carecían de validez y formalidad, en incumplimiento con la normativa vigente de AFIP y a menudo con tickets “tipo librería” o sin numeración.
El líder y jefe de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, realizó estas maniobras ilícitas a nivel nacional, afectando a ahorristas de varias provincias: todavía tiene causas abiertas en Santa Fe, Córdoba y la Justicia Federal.
Los fundamentos acreditaron que los socios locales de Cositorto en Salta actuaron como miembros de la asociación ilícita. Fueron quienes recibieron y gestionaron el dinero de los damnificados.
El colapso de la empresa, detallado en la sentencia, se hizo evidente a principios de 2022. Cuando se viralizó una orden de detención y captura contra Cositorto el 21 de febrero de ese año, los representantes de Generación Zoe en Salta crearon una nueva plataforma llamada “SUNRISE” y comunicaron a los inversores que la plataforma inicial dejó de funcionar. Cuando Cositorto fue detenido el 4 de abril de 2022 en República Dominicana, los acusados Vilardel y Albornoz cerraron todas las cuentas bancarias y oficinas y dejaron de responder a los damnificados.
En los celulares de los involucrados se encontraron gran cantidad de pruebas. Entre los ejemplos citados en los fundamentos hay un chat de Ana Vilardel, que ya con el escándalo en marcha le dijo a una persona de su confianza que tenía miedo “de que no se pague y se altere la gente, a mí me chupa un huevo la gente”. A otro familiar le sugirió: “Juntamos 100.000 dólares y nos vamos al pingo”. “Re siii. Nos vamos a vivir a Noruega. De Ley”, fue la respuesta que recibió.
Con el correr de los testimonios, muchos salteños coincidieron en que invirtieron sus ahorros de toda la vida, vendieron vehículos o sacaron préstamos bancarios con la esperanza de mejorar su situación financiera o personal, como el caso de una mujer que necesitaba dinero para la operación de su hijo con discapacidad en el pie.
El tribunal, integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Feans, hizo hincapié en que para sostener la estafa fue determinante la apariencia de solvencia, las charlas motivacionales, la invocación de la religión y la exhibición de lujos en redes sociales, todo empleado como método para persuadir a las víctimas a entregar sus ahorros.
Las condenas fueron las siguientes: Leonardo Cositorto: once años de prisión efectiva; Ricardo Vilardel: siete años de prisión efectiva; Jorge Vilardel: cinco años de prisión efectiva; Ana Lucía de los Ángeles Vilardel: tres años de prisión de ejecución condicional; Vilma Albornoz: tres años de prisión de ejecución condicional.
