El gobierno de Milei también usa la motosierra para beneficiar a represores al reducir el equipo jurídico encargado de querellar en nombre del Estado a acusados por crímenes de lesa humanidad.
Los recortes periódicos en personal atravesaron todo el 2024 y también lo que va del 2025. Las medidas son ejecutadas por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Las mismas consistieron en reducir en un tercio el equipo jurídico encargado de querellar en representación del Estado argentino en juicios de lesa humanidad.
“Hay seis provincias que se quedaron sin abogados que impulsen los juicios” advierte en su edición de hoy el diario Página 12. Hacía alusión a Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza. Las medidas implementadas provocaron que se dejaran de activar programas porque varios trabajadores fueron despedidos, invitados a tomar un retiro voluntario o se interrumpieron los contratos precarizados. “De 26 abogades que integraban el área, nueve ya no están. A los que quedaron se les redujo el sueldo en más de un 60%” destacó el medo citado a partir del relevamiento realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado sobre la situación.
“El año pasado, Milei y compañía despidieron a cuatro abogados y abogadas. En enero de 2025, a otros cinco. Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza se quedaron sin quien asuma la tarea de querellar en nombre del Estado argentino en el proceso de juzgamiento a genocidas. En Mendoza y en Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos nacional abandonó su querella en medio de dos debates orales en curso. En Entre Ríos, el equipo quedó conformado por una sola persona. La titánica causa que investiga los crímenes sucedidos en Campo de Mayo perdió a uno de los abogados que la analizaban en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos” denunció Página 12.
