Especialistas y legisladores advierten que el anteproyecto de reforma criminaliza a la mujer e incluye figuras controversiales.
Según especialistas en derecho penal y género, el capítulo referido al aborto del anteproyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo envió al Senado incluye tipificaciones y clausulas que significan un serio riesgo de retroceso del debate en marcha.
La iniciativa fue enviada al Congreso por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y fue elaborada por una comisión redactora que propone dejar en manos de un juez de turno la decisión de penar o no a la persona gestante que decidió interrumpir voluntariamente un embarazo. «Es humillante a lo que pueda ser sometida la mujer que está expectante con respecto a lo que un juez pueda decidir con el pulgar para arriba o para bajo. Es vergonzoso», sentenció María Elena Barbagelata, directora de la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
La especialista dialogó con el diario Tiempo Argentino y no dudó en afirmar que «Esta redacción es incluso más restrictiva que la vigente ya que produce efecto limitativo al juez para los casos de aborto no punible o interrupción legal del embarazo (ILE) ya que tampoco está contemplado el tema de inviabilidad de vida extrauterina, que nos parece que podría haber estado. No hay avance en cuanto a la descriminalización de la conducta, que sigue estando en los mismos términos que hoy», evaluó la especialista. Y amplió: «La criminalización está, el delito está, el proceso penal está. Y además no establece ningún criterio para que el juez pueda decidir a favor o en contra. Deja sujeta a la mujer a pedir por favor que le den una pena baja».
A su vez, Silvia Lospennato, diputada de Cambiemos de gran protagonismo en la discusión por la despenalización del aborto, sostuvo que «el texto de la comisión redactora quedó muy atrás de lo que fue el debate incluso del Senado, que ya de por sí atrasó de la media sanción que se logró en Diputados».
Por su parte, desde el Equipo Latinamericano y de Justica y Género (ELA), coincidieron en expresar su preocupación. Agostina González, abogada de la organización, sostuvo que este anteproyecto «es un retroceso muy importante en materia de derechos, criminaliza aún más a los profesionales de la salud que acepten interrumpir el embarazo, limita el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de las mujeres y no recepta nada del proyecto de IVE que tuvo media sanción en Diputados. Queda siempre supeditado al criterio de otra persona».
La abogada de ELA expresó su preocupación por la incorporación de la figura de «persona por nacer» en la legislación, en un artículo que propone penas para quienes dañen al feto, sin consentimiento de la mujer. El gobierno impulsa penas de uno a cuatro años para quien causa lesión o enfermedad al feto en caso de que haya intención, o multas a quien genere lesión al feto de manera culposa, sin intención.
Con similares argumentos, también expresaron críticas al anteproyecto oficial la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, CELS, y Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres, entre otras organizaciones.
