La mayoría de las propiedades fueron donadas por la dictadura y los gobiernos de Romero y Urtubey. Sacerdotes se resisten argumentando que la iglesia no es una inmobiliaria, aunque muchas de sus propiedades son sedes de empresas lucrativas.
El proyecto fue presentado hace unas semanas por el bloque del Partido Obrero y aun no se trató en el recinto. Hoy vuelve a aparecer en el acta de Labor Parlamentaria aunque se sospecha que tampoco contará con el dictamen necesario para ser debatido.
Lo cierto, no obstante, es que la iniciativa busca modificar el Código Fiscal que exime del gravamen inmobiliario a las propiedades de la iglesia en Salta. El número de estas puede establecerse a partir del informe que los legisladores del PO solicitaron a Dirección de Inmuebles y que da cuenta de un total de 212 catastros entre rurales y urbanos.
El detalle de la historia de esas propiedades es bastante curioso: 107 propiedades fueron “cedidas” por la Provincia: 32 llegaron durante la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983; 35 se cedieron en los tres mandatos de Juan Carlos Romero; y 40 fueron cedidas durante las gestiones de Juan Manuel Urtubey.
Del total de 212 propiedades, 15 son rurales y suman un total de 387 hectáreas; mientras las 197 restantes son propiedades urbanas que suman 800 mil metros cuadrados. La iglesia resistió al proyecto asegurando que la misma no es una inmobiliaria, aunque no dicen que en muchas de esas propiedades funcionan empresas altamente rentables como la Universidad Católica de Salta, varios colegios privados y que algunos informes periodísticos revelaron cómo muchas de esas propiedades son alquiladas por la propia curia salteña.