En nuestra provincia hay un proyecto en construcción: Centenario Ratones en Salta, de la francesa Eramet. El mismo forma parte de un todo nacional que aún carece de un modelo definido.
Hoy en día existen en el país cerca de 40 proyectos, algunos de ellos ya desarrollados y con fuerte presencia -mas no exclusividad- de capitales extranjeros. Dos se encuentran en etapa productiva: “Fénix en Catamarca, operado por la estadounidense Livent Corporation, anteriormente denominada FMC Lithium; y Olaroz, en Jujuy, en operación conjunta con la australiana Orocobre Limited, Toshoto Tsusho Corporation y la empresa pública local JEMSE. Otros dos proyectos están en construcción: Cauchari Olaroz en Jujuy, en manos de Lithium Américas de capitales canadienses, y Centenario Ratones en Salta, de la francesa Eramet. Pero además, hay otros 15 proyectos en etapa de exploración avanzada y 20, en fase de exploración inicial”, reseñó el diario Ámbito Financiero en su edición de hoy.
El informe fue elaborado por Heliana Gualtieri, una abogada con varios posgrados en la materia y ex asesora de la Secretaría de Minería de la Nación. Allí enfatiza cómo el escenario de creciente inversión extranjera en litio nos interpela respecto al lugar que Argentina quiere ocupar en el mercado internacional de este mineral: limitarnos a extraerlo para exportarlo o ser capaces de implementar las condiciones necesarias para la industrialización a largo plazo de este mineral.
Hasta ahora nuestro país se limitó a lo primero y en ello mucho tiene que ver las intermitencias políticas, la volatilidad de la economía nacional, la falta de un proyecto de desarrollo industrial a largo plazo, e incluso que el dominio originario de los recursos naturales corresponda a los Estados provinciales. “Esto genera que deba articularse entre la Administración Nacional y las provinciales, cualquier tipo de proyecto económico que se pretenda llevar a cabo, respondiendo a los intereses, expectativas de ambas y buen entendimiento de las partes”, resalta Guatieri que desarrollo el último de los conceptos.
“Los diferentes marcos normativos nacionales y provinciales también han sido un limitante para el desarrollo industrializador. Si bien es cierto que fijan las condiciones que deben cumplir los proyectos, por ejemplo, en lo que respecta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental -EIA-, ya no basta con su mero cumplimiento legal. Se ha observado la falta de socialización de los mismos con las comunidades, generando conflictos sin llegar a la legitimidad social para su total viabilidad”.
Otro punto a observar en el camino hacia la industrialización del litio en Argentina son las asimetrías provinciales: la investigación científica es promovida sólo en algunas, cuando haría falta implementar políticas nacionales que den lugar a investigaciones y conocimientos homogeneos que faciliten una mirada nacional del desarrollo industrial.
“Es por ello que resulta imperioso convocar a los profesionales del ámbito científico técnico que se encuentren prestando servicios en las Universidades Públicas Nacionales, en el sector público o en el privado, para elaborar e implementar políticas estratégicas destinadas al desarrollo de tareas de investigación. Esta es la manera más eficiente y productiva de incorporar valor agregado al mineral de litio, de manera uniforme en todo el país”, asegura la especialista.
A la hora de historear aciertos y errores, la abogada recomienda diferenciar los marcos privatistas impuestos en los años 90 cuando participaban exclusivamente los capitales extranjeros; de aquellas políticas de gobierno que instauraron procesos iniciales auspiciosos y que ameritan ser analizados y profundizados. Entre estos últimos incluye las políticas de la primera gestión de Cristina Kirchner cuando a partir de políticas activas, las administraciones provinciales comenzaron a participar activamente del negocio minero y sus utilidades, asociándose con el sector privado.
En la historia reciente de la minería en el país, también es para destacar el sistema de sustitución de importaciones, impulsado por el entonces organismo minero nacional a través de la Mesa de Homologación Minera, generando empleo y actividad económica para cientos de empresas proveedoras de servicios, cuyo programa fue lamentablemente eliminado por la actual administración nacional. “Recomponer y profundizar estas políticas públicas es punto de partida fundamental para el camino de industralización sustentable con valor agregado que se pretende recorrer”, enfatiza el artículo.
