jueves 22 de febrero de 2024
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Protocolo antipiquetes en Salta | Naciones Unidas señaló que restringe el derecho de reunión

La observación fue incluida en la “Evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial” del organismo. Al gobierno salteño el habían advertido que el decreto 91 podía “generar responsabilidad internacional» al Estado argentino.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas evaluó al Estado argentino y en sus observaciones finales se refirió a nuestra provincia cuestionando – entre otras cosas – el decreto 91/23 que crea un protocolo antipiquetes o antiprotestas. Tal decreto pretendía regular las protestas en el norte de la provincia. Allí se destacan las manifestaciones de pueblos originarios que reclaman servicios básicos como el agua, la electricidad y el acceso a la salud.

Para el CERD, tal decreto limita la libertad de reunión de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. En el apartado 26 de las observaciones finales, titulado «Libertad de reunión pacífica y defensores de derechos humanos», el Comité expresó preocupación «por los informes sobre el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas, como el Decreto 91/23 en Salta».

El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en Salta, Rodrigo Solá, declaró a la sección local del diario Página 12 que desde este organismo que preside le habían advertido al gobierno salteño que el decreto 91 «es susceptible de generar responsabilidad internacional» al Estado argentino. «En estas observaciones del CERD ya tenemos la primera muestra de reacción internacional en ese mismo sentido», señaló.

Solá explicó que la responsabilidad internacional es del Estado Nacional, pero en el caso de los Estados federales, «las provincias también tienen obligaciones de dar respuesta». «Creemos que se abre un canal interesante de diálogo interjurisdiccional entre Nación y Provincia en relación al punto específico del protocolo que acá ya está aprobado por decreto. Seguiremos trabajando por la derogación», manifestó.

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