sábado 20 de julio de 2024
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Por detenciones ilegales y torturas | Piden 25 años de prisión para el empresario salteño acusado de colaborar con la dictadura

Se trata del segundo juicio que afronta el ex dueño de la empresa La Veloz del Norte – Marcos Levin – por delitos de lesa humanidad. Las causas dejan en evidencia la participación empresaria en la represión ejercida en la última dictadura militar.

La fiscalía pidió que se condene a 25 años de prisión al empresario Marcos Levin y a 23 años a su mano derecha y ex jefe de personal de La Veloz del Norte José Grueso. Ambos están acusados de haber entregado a trabajadores de esa firma para que los torturaran en la Comisaría Cuarta de la ciudad durante el año 1977, cuando tal dependencia policial funcionaba como un centro clandestino de detención en el marco de la dictadura cívico militar. También solicitaron que quien fuera jefe de esa dependencia, el comisario Víctor Hugo Almirón, sea penado con 23 años de prisión.

“Los acusadores coincidieron en la solicitud al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 para que las detenciones ilegales y las torturas a 17 trabajadores de La Veloz del Norte que se juzgan en este caso sean calificadas como delitos de lesa humanidad” destaca en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.

Este es el segundo juicio oral que afronta Levin por delitos de lesa humanidad. Las causas judiciales han dejado en evidencia la participación empresaria en la represión ejercida en la última dictadura militar. Amad resaltó que estos delitos en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte, que en 1977 pertenecía a Levin, fueron cometidos mediante «el aporte de una estructura empresarial a una estructura criminal, usurpadora aún mayor».

El denominado juicio La Veloz del Norte II es fruto de un largo camino. Hay que recordar que la denuncia contra Levín por crímenes de lesa humanidad se presentó en 2008, pero entonces la justicia federal de Salta consideró a esos delitos como “hechos aislados y ajenos a la política de represión llevada adelante durante la última dictadura militar”.

En ese marco, la justicia se declaró competente para investigar un solo caso: el de Víctor Cobos, quien era delegado y trabajador de La Veloz. De ese modo el expediente se partió en dos y se conformaron dos causas: una por los crímenes sufridos por Cobos y otra con el resto de los hechos. Por el primer caso, Levin fue enjuiciado en 2016 y recibió una pena de 12 años de prisión convirtiéndose en el primer empresario condenado por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.

Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia sosteniendo que el secuestro y los tormentos sufridos por Cobos era un crimen común y que ya había prescripto. Cinco años después, la Corte Suprema de Justicia revirtió esa decisión y ordenó a Casación que rectifique su fallo, algo que aún no sucedió. Mientras tanto, las querellas y la fiscalía insistieron con el resto de las víctimas y “La Veloz del Norte II” se reactivó en 2018 cuando la Corte anuló el fallo original que dividió el expediente y ordenó que también se investigaran como crímenes de lesa humanidad los hechos que sufrieron las otras 16 víctimas.

En este último juicio es que la fiscalía pide 25 años de prisión para el empresario y 23 para su exjefe de Personal y el excomisario Víctor Almirón de la Comisaría Cuarta por lo sucedido a esos trabajadores y trabajadoras: Juan Alberto Alonso, Carlos Lidoro Aponte, Carlos Eugenio Bais, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Víctor Manuel Cobos, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Horacio Espeche Rodas, Sebastián Lindor Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Horacio Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh.

Los secuestros comenzaron el 20 de enero de 1977 y se extendieron durante 4 días. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó la denuncia por estafa contra sus trabajadores que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra delegados y militantes sindicales que le reclamaban a la

Tras pasar unos días en la Comisaría, la mayoría fue liberada y algunos pocos fueron trasladados a la Unidad Penal de “Villa Las Rosas”, donde continuaron su detención. Como todos sobrevivieron, pudieron relatar el rol central que tuvo Levín y su jefe de personal: las listas que entregaron de los trabajadores a detener y horarios de los recorridos de sus colectivos, los vehículos de la empresa utilizados para trasladarlos y la presencia del empresario y de Grueso en la comisaría mientras las víctimas eran torturadas e interrogadas sobre su actividad gremial y política. Levín mantenía un vínculo muy estrecho con la policía local.

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