La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro Comunitario A.L.F.A. iniciaron una acción judicial para frenar arrestos sin causa justificada. El recurso denuncia condiciones de detención inadecuadas y maltratos en el Centro de Contraventores.
La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, en conjunto con el Centro Comunitario A.L.F.A., interpuso un habeas corpus colectivo, preventivo y correctivo ante el Juzgado de Victoria Mosmann en Salta para denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Provincial. El recurso judicial apunta específicamente a detener las detenciones que las organizaciones califican como ilegales y arbitrarias, dirigidas principalmente contra personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad social durante operativos como el llamado «trapito».
Las entidades denuncian que estos procedimientos vulneran tanto el Código Contravencional como tratados internacionales de protección de la libertad personal. Según su denuncia, es común que las fuerzas de seguridad arresten a personas sin explicar los motivos del procedimiento y sin dar intervención inmediata a la fiscalía, incumpliendo garantías procesales básicas. Los firmantes del recurso sostienen que estas prácticas responden a una decisión planificada y no a hechos aislados de funcionarios individuales.
El habeas corpus también incluye denuncias sobre las condiciones de detención en el Centro de Contraventores, según informó el medio Nuevo Diario. Las organizaciones alegan que los detenidos permanecen incomunicados en espacios reducidos, sin ventilación ni condiciones de higiene apropiadas, y que en algunos casos sufren maltratos físicos durante su permanencia en el lugar. Los denunciantes afirman que estos procedimientos se utilizan para «engrosar estadísticas» de seguridad a expensas de la dignidad humana.
En el escrito judicial, las organizaciones solicitan la implementación de medidas que garanticen el respeto de los derechos ciudadanos en la actuación policial. Ambas entidades confirmaron que mantendrán sus acciones legales y continuarán con la visibilización pública del tema, al tiempo que cuestionaron la falta de empatía social ante estos abusos en contextos donde se construye al sector más vulnerable como enemigo.
