El secretario de Derechos Humanos de la nación junto al director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, presentaron ante la Justicia salteña una acción de habeas corpus preventivo y colectivo a favor de los vecinos.
Desde hace más de un mes distintas organizaciones y figuras de la política salteña vienen cuestionando el decreto 255 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz que otorga facultades extraordinarias a la policía para detener y sancionar ciudadanos en esta coyuntura de cuarentena. Norma devenida en ley provincial por la inacción de la legislatura.
Las continuas denuncias por supuestos abusos de autoridad de la Policía de Salta llegaron ahora a oídos de Nación y desde allí el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, junto al director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, presentaron ante la Justicia salteña una acción de habeas corpus preventivo y colectivo a favor de los vecinos.
Sin embargo, desde Nación aseguran que hay una “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”. Es por esto que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se solicitó la pronta intervención judicial para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto provincial 255/2020 y ordene al gobernador que se adecúe a las recomendaciones nacionales.