La normativa fue derogada por decreto hace un año por el presidente Milei. Ello genera que en el paraje Corralito del departamento de San Martín no accedan a recursos de sus territorios que durante décadas les permitía subsistir.
Por esa razón los referentes comunales estuvieron la semana pasada en la ciudad de Salta. Reclamaban la intervención del gobierno provincial en el reconocimiento de sus tierras a la que ya no pueden acceder por falta de títulos que certifique lo que todo el mundo sabe: que viven allí desde siempre.
La situación irrita a las comunidades que recibieron del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas las carpetas técnicas que certifican la ocupación ancestral del territorio, pero siguen sin contar con los títulos de propiedad. Ello genera una doble complicación sin la Ley 26.160: que puedan ser desalojados y que no puedan acceder legalmente a los recursos como la madera que les permite subsisitir.
“Hace tres meses dos de sus integrantes quedaran detenidos por entre cuatro y cinco días acusados por robo de madera”, destaca en su edición de hoy la sección local del diario Página 12. Ángel Amancio, uno de los referentes de las comunidades, declaró al mismo medio que cuando “quieren sacar algo para la subsistencia de la familia viene un finquero y te hace la denuncia”. Otros referentes comunales manifestaron que cuando la misma actividad es realizada por finqueros o campesinos criollos, no tiene consecuencias.
“Los criollos desmontan, hacen el desbajerado, sacan maderas para su ganadería sobre estas tierras que están delimitadas”, manifestó Sergio Tejerina, otro referente comunal. También agregó que cada vez que quisieron hacer “las denuncias nos dicen que la carpeta técnica es un papel sin validez”.
Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades, que depende de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta, entendió que los planteos de los referentes no son por “conflictos territoriales, sino problemas de los recursos”. También señaló que uno de los ingresos de las comunidades es la venta de madera, aunque no pueden tramitar las guías que les permiten extraer la misma porque no tienen el territorio oficialmente otorgado. De allí que cuando lo hacen terminan con denuncias, afirmó.