jueves 23 de mayo de 2024
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Pañuelazo frente a la legislatura salteña | Piden la nulidad de la causa contra Miranda Ruíz

La médica del Hospital de Tartagal fue procesada 2021 por haber realizado la interrupción legal de un embarazo. Las manifestantes resaltaron las irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente.

El pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  “La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado.  Y por otro lado, los procedimientos en los que basó la causa son irregulares”, explicó Verónica Cuevas de la regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Con respecto a las irregularidades, Cuevas explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que está dentro de la causa y que resulta favorable a Miranda. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no está basada en hechos jurídicos que estén probados. Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde está escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis profesionales que intervinieron y acompañaron”, destacó el diario Tiempo Argentino. La médica está imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una interrupción legal del embarazo (ILE).

Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la médica fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.

El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.

“Nosotras decimos que esta es una causa armada por sectores interesados en que se discipline a les profesionales que garantizan el derecho al aborto y a las personas gestantes que lo soliciten. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.

El personal de salud del hospital apoyó a Miranda. “Todo el hospital entiende que ella obró de acuerdo al derecho. Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el hospital. Desde el pueblo y desde el hospital no hubo demostración en contra de ella. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que está instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica. “El hospital se comprometió a dar continuidad de eso con otras profesionales que se han capacitado, que se han formado. A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”.

Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la interrupción del embarazo, Cuevas afirma. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién está sentada frente a la pantalla o a su lado. Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese aborto. Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un aborto”.

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