Mujeres wichí de Santa María (municipio de Santa Victoria Este) realizan cortes intermitentes en la ruta provincial 53. Advierten que los consumos problemáticos desestructuran las comunidades y generan inéditos hechos de violencia.
“Se roban hasta el alcohol etílico del centro de salud”, declaro Antonia Pérez, una de las referentes del grupo que lleva adelante la protesta desde la semana pasada. “Ahí van unos borrachos que piden alcohol (etílico) y si el enfermero no les da, le golpean, lo amenazan y por eso no hay un enfermero de guardia a la noche”, agregó.
“El relato fue confirmado por fuentes sanitarias que indicaron que hace años un enfermero que cumplía funciones en el puesto sanitario de Santa María fue atado a una silla mientras sus paisanos extraían el alcohol que se utiliza para las curaciones. Desde ese momento se quitaron las guardias nocturnas y el puesto sanitario funciona entre las 9 y las 19. Para las mujeres, el turno nocturno es necesario”, destacó la sección local del diario Página 12 que entrevistó a la mujer.
Las mujeres que llevan adelante las protestas ejemplifican la problemática con episodios dramáticos: hay casos de consumos que se inician a los 9 años, hechos fatales como el ocurrido hace una semana cuando un hombre falleció a raíz de la ingestión de bebida alcohólica y el suicidio de un joven como consecuencia del consumo. “Sin embargo, en los certificados de defunción no se suele hace constar cuál fue la causa que provocó la muerte, que suele esconderse detrás de la afirmación de que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio”, destaca el medio citado.
En ese marco, el miércoles de la semana anterior, de día, a las 9.30 la enfermera del puesto fue víctima de un robo. “Ayer supliqué a los caciques que vayan a preguntar si alguien vio o sabe algo y parece que nadie se preocupa”, dijo Pérez.
Las mujeres también explicaron que la problemática afecta a las familias, dado que las adicciones generan hechos de violencia doméstica, robos para conseguir la sustancia y abandono escolar. “Pocas familias son las que no tienen este problema”, sentencio Antonia Pérez.
Funcionarios provinciales, mientras tanto, aseguran que desde el estado desarrollan distintos trabajos en las comunidades, pero que el consumo en sí es la consecuencia de problemáticas estructurales que requieren intervenciones integrales. En ese marco, dicen que el mero control policial hace las veces de parche a problemas más profundos.