El caso del policía salteño que disparó por la espalda a un ladrón – también salteño – mientras éste huía luego de un robo, reavivó el debate sobre el rol de la Justicia, las Fuerzas de Seguridad y el accionar policial. (Juan Pablo Bento*)
Cada vez que se produce la muerte de un delincuente en manos de la Policía, o bien, alguna suerte de ajusticiamiento en manos de “un grupo de vecinos”; surgen inmediatamente apoyos a este tipo de conductas por parte de un importante sector de la sociedad y de algunos medios de comunicación.
El caso Chocobar, fue un paso más hacia adelante en lo que respecta al discurso de la “mano dura”. El propio Gobierno nacional se encargó de reivindicar la conducta de Chocobar, dirigiendo de ese modo un claro mensaje a la sociedad, pero fundamentalmente a los miembros de las fuerzas de seguridad. Y lo hizo de manera apresurada, ante un hecho, cuanto menos confuso y aun judicializado, que derivó en un asesinato.
Lejos de abordar el tema de la seguridad con la responsabilidad que amerita; en este caso, el Gobierno decidió llevar adelante una puesta en escena, exhibiendo a Luis Chocobar como una suerte de “héroe” en la lucha contra la delincuencia cuando, en realidad, podríamos concluir que Chocobar, más que un héroe, es el último eslabón de una cadena de responsabilidades que en este caso falló.
Esa cadena de responsabilidades tiene como primer actor al propio presidente Macri, y en segundo lugar, a su ministro de seguridad, Patricia Bullrich. Con esto queremos decir que el combate contra el delito es algo que le compete en primer lugar al Poder Ejecutivo, dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad.
De pronto, tenemos a un policía que durante su intervención en un robo dispara por la espalda a un ladrón que huía de la escena y el policía termina imputado por homicidio. El resultado: una persona muerta y otra imputada. ¿No es esta una clara muestra del fracaso de la política de seguridad?
Ante este escenario, suelen alzarse voces exigiendo el endurecimiento de las penas y el accionar de la Justicia con mayor severidad. ¡Que se pudran en la cárcel! ¡Uno menos! murmuran por lo bajo algunos personajes de la TV amplificando así un mensaje peligroso, cargado de muerte y venganza. Pero que por sobre todas las cosas, no soluciona el problema de fondo: la inseguridad. De hecho, en este caso, si tomáramos ese discurso, a priori la Justicia tendría que aplicar la misma severidad para juzgar a Chocobar, presunto autor del homicidio; por el principio de igualdad ante la ley.
Las razones por las que el policía Chocobar no pudo resolver la situación sin tener que provocar una muerte y la posterior judicialización del caso; seguramente podrán explicarla mejor los expertos en materia de seguridad. Lo que sí es necesario replantearse es dónde radican las responsabilidades de los funcionarios.
La Justicia, o más específicamente el Derecho Penal, llega con posterioridad al hecho (la muerte, al robo, el asesinato etc). Llega para aplicar la pena al autor responsable de ese hecho, una vez que el daño ya se provocó. Esto significa, que antes que esto ocurra, el Estado falló en su rol de prevenir el delito y de proteger a la víctima.
Por lo tanto, el problema de la inseguridad, no es una cuestión de leyes, principalmente; que por cierto ya existen y se encuentran en plena vigencia. Sino que se trata de algo mucho más complejo, que requiere un abordaje profesional, serio y responsable. Y no discursos demagógicos, de mano dura, o peor aún, de muerte y venganza.
*Juan Pablo Bento es periodista y abogado salteño.
