Gustavo Farquharson aseguró que las estadísticas desmienten el relato de “mano dura” que promueve Javier Milei. “En el país y en Salta crece el número de personas encarceladas, pero ello no resuelve el problema de la inseguridad”, declaró.
El gobierno nacional se lanzó a una nueva cruzada: debatir en sesiones extraordinarias un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque algunos legisladores amigables avisan que prefieren establecerla a los 14. Independientemente de esas “diferencias”, queda claro que la gestión de Javier Milei presenta a las políticas de mano dura como supuestas herramientas claves para luchar contra la inseguridad.
Varias voces se oponen al proyecto. También en Salta están quienes lo hacen. El concejal Gustavo Farquharson es uno de ellos. El dirigente, que durante años estuvo al frente del INADI, usó datos estadísticos para impugnar el relato libertario. “El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura destaca que el año 2024 cerró con 121.443 personas detenidas. Es la cifra más alta de la historia: 267 cada 100 mil habitantes. Salta, junto a Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, está por encima de la media nacional. Los datos son claros. Más cárcel no necesariamente resuelven el problema de la inseguridad y con el gobierno libertario esa moda de la mano dura solo acarrea nuevos problemas», declaró.
El edil agregó que «en estos años de expansión del encarcelamiento, el gobierno no invierte en mayor infraestructura penitenciaria». Y señaló que «el mismo informe advierte que a nivel nacional, las cárceles operan con un promedio de 130 personas alojadas donde hay espacio para 100”.
En ese marco, Farquharson dijo que «el proyecto libertario no resuelve el problema de la inseguridad». «Sólo evidencia el fracaso de un gobierno que presume de representar el orden. Meter presos a chicos de 13 años no es seguridad, es asumir el fracaso de un gobierno incapaz de cuidar, educar e incluir a sus adolescentes. Un gobierno que en nombre del relato encarcela a lo loco, como muestra el informe citado, sin que ello resuelva el problema que los Milei, las Bullrich o las Orozco dicen querer resolver”, sentenció.
“Bajar la edad de imputabilidad no repara a las víctimas ni hace más segura a nuestra sociedad. Al contrario, empuja a chicos, casi niños, a un sistema que castiga, pero no cuida ni forma. Es una salida política fácil. El gobierno vende supuesta decisión y supuesto orden, pero evita discutir políticas públicas estructurales de fondo. Vulnera derechos, estigmatiza y criminaliza la pobreza sin resolver los temas vinculados al delito”, señaló el edil, para finalmente recordar que una política de ese tipo atenta contra lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño y la doctrina internacional.
