El gobierno libertario investiga a los beneficiarios para sentenciar si les corresponde el beneficio o no, pero los cita en localidades en donde no viven y en oficinas en donde no pueden atenderlos. Comunidades indígenas de Tartagal se movilizaron al Anses.
Lo hicieron para pedir la prórroga de los plazos de las auditorías dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Entre los fundamentos elevados por las comunidades, se señala que los beneficiarios fueron enviados a clínicas de Tartagal para verificar su situación de discapacidad pero no alcanzan los médicos para atenderlos”, destacó la sección local del diario Página 12.
También señalaron que existen casos en donde les envían cartas documento indicándoles que deben realizar la verificación de su situación en la ciudad de Orán, en el departamento del mismo nombre, o la ciudad de Salta, que distan 130 y 351 kilómetros de sus lugares de residencia, lo que representa una nueva dificultad, dado que deben costearse también los pasajes.
Además, otra dificultad que reseñaron es que una vez conseguido el certificado médico de dispacidad deben dirigirse a la oficina de la ANSeS para cargarlos. Pero “tampoco hay turnos suficientes y nos reconocieron que por esta situación están saturados”. En otros casos, las citaciones nunca llegaron y ello obedece a las características en las que viven: domicilios que no cuentan con direcciones con numeración y las autoridades dan por hecho que no se quieren presentar, aunque el problema sea que los documentos nunca llegan.
José Hugo, cacique de la Comunidad wichí Carpintero, ubicada en la jurisdicción de la localidad de Dragones del departamento San Martín, mostró a los reporteros citaciones a que los intimidan a presentarse en la delegación de la ANSeS de la localidad de Rivadavia Banda Sur, a 500 kilómetros de sus domicilios. “Son cuatro o cinco horas de viaje”, afirmó el cacique.
