Residentes de un área periférica reclaman servicios básicos y estatus legal. La falta de reconocimiento municipal impide el pago de impuestos y la escrituración de propiedades.
En las afueras de Cafayate una comunidad de aproximadamente 150 familias libra una batalla por su identidad y derechos civiles. Los habitantes de Pueblo Nuevo, un asentamiento de 2.200 lotes ubicado a escasa distancia del centro urbano, denuncian que la intendenta Rita Guevara no los reconoce como parte del municipio, negándoles servicios esenciales y la posibilidad de contribuir legalmente.
La situación ha generado un círculo vicioso: sin reconocimiento oficial, los residentes no pueden pagar impuestos, y sin impuestos, la municipalidad argumenta no poder proporcionar servicios. Esta paradoja administrativa ha dejado a Pueblo Nuevo en un limbo legal, privando a sus habitantes de alumbrado público, mantenimiento de calles y poda de árboles, entre otros servicios básicos que disfrutan otros ciudadanos de Cafayate.
El problema se extiende más allá de los servicios municipales. Según testimonios de los vecinos, la falta de reconocimiento oficial por parte de la provincia ha impedido la escrituración de propiedades durante los últimos cuatro años. Aunque pueden registrar boletos de compra-venta, la inexistencia legal del barrio bloquea cualquier intento de formalizar la propiedad de sus hogares.
Frente a esta situación, los residentes de Pueblo Nuevo han alzado su voz con un claro mensaje: quieren ser parte integral de Cafayate. Su demanda principal es la incorporación al ejido municipal, lo que les permitiría cumplir con sus obligaciones fiscales y, en consecuencia, exigir los servicios que por derecho les corresponden. Este reconocimiento, según explicaron al medio Voces Críticas, no solo mejoraría su calidad de vida sino que también les abriría las puertas para la tan ansiada escrituración de sus propiedades.
