El edil Dante Liendro cuestionó la legalidad del proceso de preadjudicación de terrenos municipales. El jefe comunal reconoció los hechos y respondió con críticas directas al concejal.
El concejal Dante Liendro radicó una denuncia judicial contra el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, por emitir certificados de preadjudicación de lotes sin la participación del Concejo Deliberante, lo que pone en duda la validez legal del procedimiento.
El conflicto tomó estado público tras una reunión entre el intendente y los ediles para tratar la problemática. «En esa reunión el intendente reconoció que había emitido un certificado de preadjudicación a una vecina. A partir de esa situación se generó un conflicto entre vecinos, principalmente por la necesidad que tienen muchas familias de acceder a un terreno», señaló Liendro. Por su parte, el intendente Carrasco salió a justificar la decisión: «Fue en el 2022 una situación particular de la familia, que atravesaba un posible desalojo, en ese momento no estaban los lotes del Puerta de Díaz. Lo que hicimos es el primer paso, hay que determinar los tiempos».
Liendro aclaró que su cuestionamiento no apunta a impedir la entrega de terrenos, sino a los mecanismos administrativos utilizados. «No es que uno esté en contra que se entregue lotes, las cosas hay que hacerla con claridad e igual para todos, muchas familias pasan necesidad habitacional, para evitar el conflicto social uno tiene que gobernar con igualdad para todos y respetar al Concejo Deliberante», declaró el edil.
La situación derivó en un cruce interno dentro del municipio. Carrasco respondió con referencias a la gestión de la ex intendenta Rita Carreras, señalando que no vio a Liendro reclamar por los hechos que rodearon esa administración, investigada judicialmente por el manejo de fondos públicos. «El que está en busca de justicia lo invito a que nos acompañe a buscar justicia», expresó el jefe comunal.
Según informó Nuevo Diario, el oficialismo también actuó en el ámbito legislativo: el presidente del Concejo, Ramón Álvarez, encabezó la estrategia para rechazar los pedidos de informes y la conformación de una comisión investigadora destinada a esclarecer la emisión de los certificados.