La paralización de la obra pública nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei afecta la logística y la seguridad en las rutas del país. Productores, empresarios y gremios advierten sobre las pérdidas económicas y el impacto en la vida cotidiana.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno nacional mantiene suspendida la ejecución de obra pública, con el objetivo de alcanzar el “déficit cero”. Tras 15 meses sin cambios en esta política, la falta de mantenimiento y reparación de rutas ha generado un aumento en la peligrosidad del transporte de bienes y personas, con un saldo creciente de víctimas fatales y costos logísticos elevados.
Diversas entidades del sector agropecuario, cámaras empresarias y asociaciones industriales han reiterado sus reclamos por el deterioro de la infraestructura vial. Sin embargo, la administración nacional desvincula su responsabilidad y traslada la carga a las provincias, los municipios y la inversión privada, lo que ha dejado en suspenso las obras necesarias para mejorar la conectividad.
Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) señala que el 65% de los caminos rurales presentan problemas o se encuentran en mal estado. Esto ha generado pérdidas económicas significativas, especialmente en la actividad ganadera, donde se estima una merma de más de $300 millones en el último año. En el sector agrícola, el impacto es aún mayor debido a los altos volúmenes de producción y transporte.
El déficit en infraestructura también afecta los costos logísticos. La Asociación Argentina de Carreteras estima que el sobrecosto del transporte de carga por rutas deterioradas asciende a 20 centavos de dólar por kilómetro adicional recorrido. Para la cosecha anual de 150 millones de toneladas, el impacto total podría rondar los US$900 millones, dependiendo de la distancia a los puertos de exportación.
La falta de inversión nacional ha dejado a los gobiernos provinciales y municipales con recursos insuficientes para afrontar el mantenimiento vial. Con una coparticipación liberada en menor medida y sin los tradicionales Aportes del Tesoro Nacional, las administraciones locales se ven obligadas a priorizar trabajos urgentes, mientras que las grandes obras de infraestructura quedan postergadas o descartadas. En este contexto, gremios y especialistas advierten que el deterioro vial no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
