“Si hemos servido, volveremos”, dijo en noviembre de 1974 al dejar la gobernación presionado por el gobierno nacional. El 14 de marzo de 1976 se aprestaba a volver: era el candidato con más chances de ganar las internas del PJ. Un grupo de tareas lo evitó secuestrando y desapareciéndolo el 11 de ese mes. (Daniel Escotorin).
“Si hemos servido, volveremos”. Esta sentencia fue pronunciada por Miguel Ragone el 14 de noviembre de 1974 luego de abandonar la Casa de Gobierno tras presentar su renuncia como gobernador de Salta y abrir las puertas al proceso de intervención federal ante la persistente crisis política provocada por los sectores internos del peronismo, su principal opositor desde el primer día de su gobierno.
Dieciséis meses después, cuando el país se dirigía sin retorno al abismo de nuestra propia “noche y niebla”, el 11 de marzo de 1976 Ragone sería secuestrado y desaparecido por las fuerzas oscuras que ya operaban al amparo de un gobierno nacional que cada día se alejaba más de lo propuesto en su programa original del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) en las elecciones del 11 de marzo de 1973, para ir cediendo a cada requerimiento de los factores de poder sean las FF.AA., el poder económico, el entorno personal de la presidenta María Estela Martínez que también estaba jaqueada por las presiones de la burocracia sindical, el conflicto social que los últimos no podían frenar, o el accionar de las organizaciones armadas que sumaban más elementos al estado agónico del gobierno.
Miguel Ragone había ganado las elecciones de ese 1973 plagado de expectativas por una democracia con justicia social y más también: el avance hacia el socialismo nacional que cantaban las gargantas juveniles revolucionarias del peronismo y que el propio Perón desde el exilio en España avaló y alentó. Ragone fue un exponente virtuoso de esa generación política que puso el cuerpo a la posibilidad de superar las estructuras estrechas armadas con el molde de las oligarquías del siglo XIX y que el primer peronismo buscó cambiar ampliando los beneficios sociales, económicos y políticos. Por eso fue golpeado, perseguido y proscripto.
La crisis integral del capitalismo argentino a principios de la década del setenta puso en tensión en primer lugar las contradicciones entre las fracciones de las clases dominantes: la burguesía industrial nacional (cada vez menos burguesía, menos industrial y menos nacional) y el creciente peso del poder financiero junto a los sectores de la burguesía terrateniente agroexportadora que disputaban el predominio económico y la hegemonía política; en segundo lugar, el conjunto de los sectores dominantes frente a ese fenómeno que no habían podido erradicar ni disciplinar: el peronismo como movimiento popular, heterogéneo, plebeyo se le escapaba de las manos al propio Perón y crecía desde adentro una corriente revolucionaria como respuesta al autoritarismo de las clases dirigentes e incluso como alternativa autónoma de las clases populares y del movimiento obrero como proyecto nacional.
Las tensiones escalaron, el conflicto social se agudizó y la vía autoritaria como modo de dominación se agotó obligando a restablecer el sistema democrático en 1973. El peronismo fue la caja de resonancia de ese conflicto integral y dentro de éste se procesaron las contradicciones propias del movimiento: las tendencias revolucionarias, las conservadoras y moderadas junto a las reaccionarias. El periodo entre 1969 y 1976 condensó la etapa final hacia la resolución de esa crisis: revolución o restauración. Las salidas intermedias o la repetición de los modelos anteriores eran imposibles en medio de los cambios en el modelo económico, la transformación social y el contexto mundial.
Salta no escapaba a ese cuadro de quiebre. Gobernada por una elite social y económica, esa oligarquía tuvo la capacidad hasta de meterse en el mismo peronismo que la combatía: Lucio Cornejo Linares (1946-1949) fue el primer gobernador peronista y también un anticipo del conflicto interno posterior en tanto los sectores obreros y populares también construían sus espacios, sus corrientes internas y líneas de acción disputándole poder frente al bloque dominante.
Ragone no era un advenedizo. Había sido parte del equipo del ministro de Salud del gobierno peronista a cargo de Ramón Carrillo, sufrió persecución y cárcel durante la “revolución libertadora”. En 1972 protagonizó un sólido armado político que contó con el apoyo de grupos de la Juventud Peronista y el peronismo revolucionario, como así también de la dirigencia del FREJULI que encabezaba el delegado personal de Perón, Héctor José Cámpora. Su triunfo fue contundente: 61,35% de votos. Pero en esa victoria estaba también el germen de malestar y reacción de la elite salteña y junto a ella los sectores desplazados del peronismo alineados con las fracciones conservadoras y ortodoxas.
Una vez en el gobierno, la izquierda peronista también presiona al nuevo gobernador para lograr cambios que consideraban esenciales. Ragone entiende sus demandas y las atiende a pesar de estar condicionado por un contexto nacional igualmente tenso, tal como se manifiesta el 20 de junio de 1973 cuando Perón regresa definitivamente a la Argentina. Allí queda registrado el primer choque abierto entre las facciones del peronismo hasta la debacle definitiva tres años después.
El viejo líder comienza a inclinar la balanza a favor de los sectores ortodoxos y desplaza a la “tendencia” permitiendo que los grupos y dirigentes opositores a Ragone recuperen fuerzas para arremeter contra el gobierno. Están allí desde el director del diario El Tribuno Roberto Romero, los referentes de la lista Azul y Blanca como Bravo Herrera, Carlos Pereyra Rozas, Dante Lovaglio, Mario Amelunge; más otros dirigentes como Rivas Lobo, Santos J. Dávalos, Juan Marocco, las 62 Organizaciones, la JSP, etc. que directamente acusan a Ragone de ser un gobierno con marxistas infiltrados. Más tarde lo acusarán a él mismo de ser un infiltrado en el peronismo. Apelan a todo tipo de acciones: toman la Casa de Gobierno (Mitre 23), lo declaran persona no grata, decretan huelgas por tiempo indeterminado (que duran un par de días) hasta que renuncie, intentan un golpe con el vicegobernador Olivio Ríos que fracasa por el apoyo popular que tenía. La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 deja a Ragone definitivamente aislado obligándolo a renunciar y forzar la intervención federal en noviembre de ese año.
Desde allí en adelante empezó el calvario del ya ex gobernador. La provincia en manos de la extrema derecha cordobesa a cargo de la intervención y con la experiencia del golpe policial del “navarrazo” (febrero de 1974) contra otro gobernador, Ricardo Obregón Cano, acusado de “marxista”, se dio a una implacable persecución de dirigentes del gobierno anterior y de militantes de la izquierda peronista: allanamientos, detenciones, atentados, asesinatos. La derecha peronista fue ocupando y avanzando sobre los espacios públicos cerrando los canales de participación política.
No obstante, la crisis económica arrastraba al gobierno nacional a una situación cada vez más insostenible. Tanto que en julio de 1975 un gobierno peronista enfrentó por primera vez una huelga general. La misma fue declarada por una CGT apremiada por un estado de paralización virtual debido a las movilizaciones impulsadas por las coordinadoras interfabriles del cordón industrial y en ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza. A pesar de la ofensiva contra el peronismo revolucionario, el gobierno de Isabel Perón y la conducción sindical se encontraron con serias dificultades para contener las exigencias de las bases obreras. El poder económico y las Fuerzas Armadas tomaron nota de la situación, evaluaron que las posibilidades de una crisis del gobierno podían desembocar en una salida autoritaria vía golpe de estado o en una etapa capitalizada por los sectores revolucionarios.
En diciembre de 1975 la presidenta anuncia que se adelantarían las elecciones generales para octubre de 1976. Esto tendrá un efecto en la vida política salteña y en el destino de Miguel Ragone. La vorágine de violencia política en 1975 recrudece. A fines de ese año es asesinado el dirigente sindical Guillermo Álzaga; en enero de 1976 corre la misma suerte Felipe Burgos, como así también otros militantes populares.
El domingo 14 de marzo se iban a realizar elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) para normalizarlo camino a las elecciones de octubre. Ragone era uno de los candidatos con más chances de vencer. Por esta y otras razones su suerte estaba echada, como así también la de otros y otras dirigentes del peronismo y del campo popular. Cuando la democracia ya agonizaba irremediablemente y mientras en los cuarteles se velaban armas para darle el tiro de gracia, los grupos parapoliciales activos desde la muerte de Perón (la Alianza Anticomunista Argentina en Capital Federal y Gran Buenos Aires o el Comando Libertadores de América en Córdoba) ejecutarían el último golpe al corazón del peronismo salteño: el jueves 11 de marzo de 1976 se cobran la revancha definitiva secuestrando y desapareciendo al médico y ex gobernador de Salta Miguel Ragone.
El simbolismo y el gesto son evidentes. Ragone es secuestrado durante el gobierno democrático y peronista nacional y provincial porque quieren dejar claro que era un trofeo de quienes se sintieron víctimas de una gestión que buscaba restablecer y profundizar la justicia social. Querían dejar en evidencia que en su figura se apuntaba y disparaba contra todo lo que significase un modelo que pusiese énfasis en el bienestar, en la felicidad y en el poder popular.
Miguel Ragone no era un revolucionario, no era montonero, aunque algunos de sus funcionarios sí lo eran. Ragone era un peronista atravesado por el “espíritu de su tiempo”: la necesidad de un cambio profundo. Ragone era ante todo un dirigente de enorme honestidad política. En esa integridad se le fue la vida. Su figura puede ser equiparada con otro personaje y mártir de los sueños de una sociedad igualitaria como el de Salvador Allende. Ambos antepusieron un respeto enorme por la institucionalidad, por la democracia, la ética política expresada en el compromiso hasta el final, tal como lo expresara en su último y heroico discurso de “respetar la palabra empeñada”.
Con su muerte, y también con la de otros dirigentes y militantes populares se saldó la crisis de modelo nacional. Ganaron los especuladores. Ganó el poder transnacional. Ganó la timba financiera y los rentistas parasitarios que destruyeron la industria nacional y junto a ellos ganó la mediocridad y la resignación política. El peronismo y también el radicalismo, otrora fuerza popular, se convirtieron en administradores del nuevo orden. Desde el mismo movimiento con distintas acciones se propusieron disciplinar y desarmar a los sectores que proponían un modelo en oposición al vigente entonces. La etapa de resolución de la crisis por la vía violenta era una condición “sine qua non” dada la alta capacidad de disputa; el espíritu de escisión en las clases subalternas sólo podía ser frenado de la forma que ocurrió desde 1975 y a partir de 1976 ya con un terrorismo de Estado de plena vigencia y cuyos efectos se vivenciaron con un modelo democrático (con fuerzas políticas) que no supo revertir el orden restaurado, que emergió para ser justamente lo que fueron y lo que son, portadores del posibilismo, y de reformas que no alteran las estructuras restauradas a partir de 1976 y consolidadas bajo el acuerdo y la ejecución de estas fuerzas políticas.
“Si hemos servido, volveremos”, anticipó Miguel Ragone. Ese “hemos servido” significaba el haber logrado el apoyo del pueblo salteño a su gestión, sostener en la conciencia popular ese compromiso irrenunciable, la idea inaceptable del “volveremos”, para los grupos conservadores peronistas y no peronistas era a su vez una amenaza candente para ellos que no toleraron.
El peronismo en Salta volvió a su orden básico, en manos de la vieja y de la nueva elite, el poder de siempre, las nuevas oligarquías. Cincuenta años después al ejercicio de memoria y sus componentes épicos debemos exigir un ejercicio de crítica histórica y creación política que supere mitos, discursos y prácticas que alejaron al conjunto del pueblo y la sociedad de justas y necesarias utopías de justicia social, de bienestar, de vivir bien.