La firma gerenciada por la venezolana Maralac, busca suspender a parte de sus más de 500 trabajadores argumentando estrepitosa caída en ventas. El gremio de obreros lácteos rechaza la decisión y no descartan movilizaciones.
La compañía Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa), anteriormente parte del holding Vicentin y actualmente gerenciada por la venezolana Maralac, se encuentra en una situación crítica. Ante la caída estrepitosa de sus ventas, la empresa busca suspender a una parte de sus más de 500 trabajadores.
El pasado martes, las autoridades de la firma -que antes de ser comprada por el Grupo Vicentin era parte de SanCor- convocaron a representantes del gremio Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) para comunicarles la decisión de suspender a trabajadores de sus plantas de producción en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Desde el gremio rechazaron de plano la iniciativa y amenazaron con realizar medidas de fuerza. Por su parte, la empresa detalló en un comunicado que la reunión tenía como objetivo «presentar en detalle la crítica situación que la compañía se encuentra atravesando, en la búsqueda de alcanzar consensos para avanzar en alternativas que permitan, a partir de una reestructuración y reingeniería de los procesos productivos, garantizar la continuidad de las operaciones en un contexto sumamente difícil».
La situación de Arsa, productora de postres y yogures de marcas como Yogs, Shimy y Sancorito, no es aislada. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), en el primer cuatrimestre del año, las ventas de productos lácteos en el mercado interno cayeron un 17,2%, siendo los segmentos de mayor valor agregado los más perjudicados debido a la suba de precios y el retraso en el poder adquisitivo del sector medio de la población.
Mientras tanto, el panorama de Arsa parece ser todavía más complejo, ya que en diciembre pasado se presentó en concurso preventivo de acreedores. Ante la justicia, la empresa declaró tener un pasivo de poco más de $49.700 millones en 339 acreedores, sumado a $67.300 millones eventuales por garantías de deudas de terceros. Una de las principales dificultades para salir a flote, según la gerencia, es la elevada plantilla de trabajadores en un contexto de caída de producción y consumo, algo que el gremio de trabajadores lácteos niega rotundamente.
