El gerente del Hospital Ragone cuestionó que la reforma se impulse sin consultar a todos los actores del sistema. Alertó que la propuesta facilitaría internaciones involuntarias sin intervención judicial.
El gerente del Hospital Miguel Ragone de Salta, Facundo Frissia, rechazó las modificaciones que el Gobierno nacional promueve sobre la ley de salud mental y advirtió que su aprobación implicaría «un retroceso importante». «Sería volver a épocas anteriores a 2010, cuando no existían las garantías actuales», sostuvo Frissia.
El punto que más preocupa al especialista es el régimen de internaciones involuntarias: bajo el esquema vigente, internar a un paciente sin su consentimiento requiere una orden judicial, mientras que la reforma permitiría que esa decisión quede en manos de un solo profesional.
«Eso es complicado porque deja de ser una evaluación de un equipo», advirtió el gerente. El hospital que conduce atiende actualmente a 138 pacientes internados y trabaja con equipos interdisciplinarios que integran psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de reinsertar a las personas en su entorno social y laboral.
Frissia también destacó el modelo de descentralización que la provincia viene implementando en articulación con la Secretaría de Salud Mental, a cargo del licenciado Martín Teruel. Gracias a ese esquema, se incorporaron profesionales en Tartagal, General Güemes, Rosario de la Frontera y Metán, para que los pacientes puedan recibir atención en sus lugares de origen. «Trasladarse a la capital también afecta la recuperación», señaló.
Según informó Nuevo Diario, el funcionario también alertó sobre la escasez de especialistas en psiquiatría, un déficit que se registra tanto a nivel nacional como global. «En el sistema público el trabajo es mucho y muchas veces se sostiene más por vocación que por otra cosa», señaló, al tiempo que indicó que la falta de cobertura en el sector privado incrementa la demanda sobre los hospitales públicos.
Respecto de la reforma en sí, Frissia cuestionó que la propuesta avance de forma unilateral, sin debate con los distintos sectores involucrados. «Se podría haber mejorado la ley actual, pero tendrían que haberse escuchado todas las voces», planteó. En ese marco, reclamó la puesta en marcha del órgano de revisión provincial previsto en la ley vigente —que integra a representantes del Poder Judicial, profesionales del área y actores políticos— como herramienta clave para fortalecer el sistema: «Sería fundamental para mejorar el funcionamiento, pero hay que ponerla en marcha», concluyó.