La referente wichi mencionó a Buenos Aires como la provincia plurinacional más grande del país, aunque allí los indígenas carecen de territorios. CUARTO recupera la historia de la comunidad Iwi Imemby desarraigada de Orán y asentada en La Plata. (Daniel Avalos)
“Salta es la provincia plurinacional más grande del país después de Buenos Aires, con la diferencia de que en Buenos Aires no tenemos territorios ancestrales, sino que somos expulsados a la migración”, enfatizó Octorina Zamora en el discurso que dio anoche en la Cámara de Diputados de Salta donde fue distinguida. Ni bien dijo eso, algunos recordamos el derrotero de la comunidad Ava Guaraní, Iwi Imemby que al menos hasta diciembre del año 2016 seguía padeciendo un desarraigo provocado por el ingenio El Tabacal cuando la arrojó a un peregrinar conmovedor.
El comienzo de esa historia tiene fecha precisa: 16 de septiembre del año 2003. Ese día la Searbord Corporation pidió el desalojó de esa comunidad de unas tierras que habitaron durante siglos. Desde entonces el peregrinar errante y harapiento de varias familias siguió su curso, aunque a casi 2.000 kilómetros de distancia, más precisamente en la localidad El Peligro, del partido de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Hasta allí llegaron hace más de 10 años familias Ava Guaraní en busca de tierras que les permitiesen recrear, en parte, lo que perdieron para siempre en Orán. El documento que permite reconstruir ese proceso es un exhorto que la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió el 7 de septiembre del año 2016 a cuatro organismos nacionales. El objetivo del mismo era resolver el acceso a tierras que padece la comunidad.
El escrito aún puede consultarse en la web del organismo. Está rubricado por Juan José Bockel (Subsecretario General del Defensor del Pueblo de la Nación) quien relató -con el tono neutro de los escritos administrativos- que la “migración forzada” de los salteños comenzó el 16 de septiembre del año 2003, cuando la empresa Seabord Corporation solicitó el desalojo al considerar que las tierras que la comunidad reivindicaba como propias eran propiedad del ingenio. El territorio en cuestión se conocía entonces como “La Loma”, una colina boscosa ubicada al oeste de la planta fabril y que hasta entonces la empresa nunca había usado con fines productivos.
Rodeo histórico
Para reconstruir en parte esa historia de desarraigo, hay que pedir auxilio a las investigaciones etnográficas que tras los nefastos días de septiembre de 2003 bucearon en el devenir de ese pueblo y en los detalles del despojo. Algunos estudios aseguran que la ocupación de “La Loma” por los Ava Guaraní comenzó a principios del siglo XIX mientras otros relativizaban el periodo. Lo que nadie desmiente es que la comunidad ocupó esas tierras antes de que se fundara la ciudad de Hipólito Irigoyen en 1946, cuando esta devino en residencia de técnicos y operarios del ingenio que Robustiano Patrón Costas había fundado en 1918 y que rápidamente integró a los ava guaraníes a las actividades azucareras.
La guerra que tuvo como protagonistas a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 dio un nuevo impulso a la historia de La Loma. Y es que su consolidación como principal asentamiento Ava Guaraní en la provincia estuvo vinculada a los desplazamientos migratorios que ocasionó el conflicto bélico entre esos países hermanos. La situación estuvo lejos de incomodar a un ingenio que así contaba con mayor disponibilidad de mano de obra. Ese estado de cosas empezó a modificarse en 1964 cuando los cambios en la producción azucarera, el aumento de la producción de frutas y verduras y el de la explotación forestal, determinaron que el ingenio comenzara un proceso de expulsión del pueblo originario de esas tierras, aunque sin prescindir de la mano de obra históricamente hábil para las tareas agrícolas.
De allí que la política del ingenio supusiera una mecánica que los misioneros católicos de la época colonial hubieran llamado sin complejos “reducir” para “convertir”. Lo primero supuso nuclear a una población dispersa en lugares fijos con el objeto de planificar tareas que internalizaran en la población “reducida” nuevas creencias. Método que el ingenio, conscientemente o no, reedito con objetivos de tipo netamente económicos: impulsar asentamientos nuevos a los que llamaron “colonias” o “lotes” que devinieron en unidades productivas de plantación y cosecha de caña, hecho que requería de valores y conductas subordinadas a lógicas mercantiles. De allí que una de las condiciones para habitar las nuevas unidades productivas consistía en abandonar La Loma como lugar de residencia.
Lo que ese proceso no rompió fue el vínculo entre los pueblos originarios y La Loma que siguió siendo el lugar en donde la comunidad recolectaba leña y frutos, montaban algunas chacras y en donde también establecían relaciones con lo sobrenatural a partir de la presencia en el lugar del cementerio indígena. El vínculo ni siquiera se rompió cuando a partir de la tecnificación de la producción y las crisis azucareras de fines de los 60 y finales de los 80, las “colonias” se redujeron a nada y los Ava Guaraní mayoritariamente ocuparon la periferia de la localidad de Hipólito Irigoyen, ciudad desde la cual seguían partiendo a La Loma para recolectar leña, frutos, visitar las antiguas chacras y rendir culto a sus muertos.
Monstruo corporativo
Cuando la multinacional norteamericana Seabord Corporation desembarcó en Orán en 1996, la etnia en cuestión ya luchaba por recuperar el control de sus territorios aduciendo la pertenencia ancestral de los mismos. La revalorización de la cuestión indígena durante la década del 80 en Latinoamérica, ayudó a levantar la autoestima de la población originaria, dio mayor visibilidad al problema creciente de los Ava Guaraní para administrar el territorio y también visibilizó la voracidad de la multinacional que como todas respira beneficios y se alimentan de los intereses del dinero. Todo ello determinó la emergencia de ese colectivo que se institucionalizó en el año 2002 con el reconocimiento jurídico de la comunidad a partir del otorgamiento de la personería jurídica.
Dos años después, la Seabord lograba el desalojo de La Loma. El éxito del despojo obedeció a una serie de movimientos fríamente ejecutados: dividir a la comunidad entre aquellos que reivindicaban la propiedad ancestral de los terrenos y aquellos que se contentaron con ser objetos de magras políticas habitacionales que el gobierno de Romero impulsó a pedido de la firma; convertir la reivindicación comunitaria en una cuestión de nacionalidades en donde los astutos letrados al servicio de la multinacional esgrimieron que el origen boliviano de miembros de la etnia inhabilitaba la demanda de la propiedad ancestral; y finalmente la apelación a la violencia para imponer la voluntad del poderoso sobre la comunidad por medio de un desalojo sin orden judicial, golpes, detenciones y hasta un simulacro de fusilamiento en la comisaria de Irigoyen. El miedo, finalmente, se impuso y amordazó a la indignación y el pedido de justicia.
El destierro
Al momento de esos hechos, según el Censo 2010, la población Ava Guaraní de la provincia oscilaba en los 10.665 miembros de los cuales 9.622 ya residían en las ciudades. Con los hechos concretados, el desmembramiento de la comunidad se aceleró con muchos que devinieron en residentes de asentamientos urbanos y a grupos reducidos al tamaño de pequeños pelotones. Uno de estos últimos estuvo conformado por poco más de diez familias que partieron al sur y se ubicaron en la localidad El Peligro, del partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires.
A ese grupo hizo referencia la Defensoría del Pueblo de la Nación en septiembre del 2016. Allí se detalló que los Ava Guaraní lograron generar vínculos con la tierra que ahora ocupan aun cuando las tres hectáreas que por familia explotaban en Orán, se redujeron en Buenos Aires a tres parcelas que en conjunto suponían tres hectáreas para todas las familias que cultivaban verduras y hortalizas: base del sustento comunitario.
La escasez de tierra se combinó con la imposibilidad de pagar el arriendo de $7.000 mensuales, cubrir los costos de los insumos necesarios para la producción, la falta de créditos estatales y la propia manutención comunitaria. El cóctel deslizó a miembros de la colectividad a recurrir individualmente a préstamos usurarios que pusieron al servicio de los objetivos colectivos, aunque la tasa de interés termino complicando más la situación.
Acorralados, los miembros de la comunidad recurrieron a la Defensoría del Pueblo en mayo de 2014. Lo hicieron asesorados por técnicos de asociaciones civiles que recordaron que la constitución nacional y los tratados internacionales prevén la adjudicación de “tierras aptas y suficientes a aquellas comunidades que hayan sido despojadas o desalojadas de sus territorios ancestrales”. Fue la propia Defensoría quien recurrió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para recordarles la obligación de garantizar esos derechos a los salteños. El organismo respondió el 9 de septiembre de 2014 que el precio de la tierra bonaerense que habitaban los expatriados de Orán superaba las posibilidades presupuestarias del organismo que, sin embargo, se comprometía a generar un espacio que articulara esfuerzos y actores con el objeto de hallar alternativas de solución.
De allí surgió la Mesa de Diálogo. Participaban de ella organismos nacionales y de la provincia de Buenos Aires, la propia comunidad y sus asesores que provenían de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Universidad de La Plata. Todos buscaban redimir a quienes en Orán habían padecido la implacabilidad de una corporación y en Buenos Aires la implacabilidad de las reglas del mercado. Entre el 10 de febrero del 2015 y el 18 de julio del 2016, la “Mesa” concretó diez reuniones.
El funcionamiento de la misma asumió las características típica de estos casos: acuerdos que mostraban avances, reparos que indicaban los retrocesos, cambios de marcha, frenos, aceleramientos y un anuncio esperanzador el 18 de septiembre del 2015: la Secretaría Nacional de Hábitat informó que estaba la posibilidad de subsidiar parte de la compra de los terrenos de El Peligro, que la tasación estaba en marcha y que una vez tasada la tierra restaba el visto bueno de la Jefatura de Gabinete nacional.
Fue entonces cuando el ritmo de la política lo abortó todo. Primero el proselitismo nacional de ese año, luego el triunfo electoral del macrismo, más luego la asunción del nuevo gobierno y finalmente una nueva reunión (15 de marzo del 2016) en donde los representantes del gobierno bonaerense y de la nación ya no eran los de septiembre del 2015. Los ritmos de la política son increíblemente así: escenarios que cambian a una velocidad mayor que el de la existencia cotidiana de los hombres y mujeres que ven emerger nuevos líderes que en nombre de la herencia o de los nuevos objetivos nacionales, perpetúan en el tiempo las desgracias de los nadies.
El arte de desplazar los problemas hacia adelante se puso en marcha cuando la nueva representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la nación se comprometió a trasladar la inquietud a los nuevos superiores. Un mes después, el 11 de abril, la funcionaria ya ni siquiera apareció por la reunión. Desolados, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo le remitieron una nota indagando si lo ya actuado tenía futuro. La respuesta fue el silencio. En la última reunión – 18 de julio – la ambigüedad fue la regla y ante ello la comunidad Iwi Imemby abandonó la Mesa de Dialogo. La tortura burocrática demolió la moral de esa comunidad obligada a reiniciar el peregrinaje conmovedor en busca de la tierra soñada que les permita vivir.
