Fernando Climent, referente de la Asociación de Periodistas de Salta, se refirió en duros términos al proyecto de ley, ya con media sanción de Diputados, que restringe la libertad de expresión y blinda a las autoridades provinciales.
“Los periodistas de Salta y muchos colegas de toda la Argentina estamos en contra de esta iniciativa que con ambigüedades busca blindar a los funcionarios públicos y restringir la libertad de expresión” planteó el trabajador de prensa y advirtió que “no es la primera iniciativa de este tipo, leyes o decretos, que impulsa este gobierno que cada 6 meses busca la forma de ponerle un bozal al periodismo porque tiene una obsesión contra la prensa”.
Además, en declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, aclaró que “por supuesto, nosotros somos los más interesados en combatir y castigar las ‘fake news’, pero de ninguna manera aceptamos que se haga con una ley restrictiva de la libertad de expresión y de la libertad de prensa” y reconoció que “sin mucha confianza, esperamos que el Senado no apruebe o, por lo menos, modifique este proyecto y quite la parte que amenaza al trabajo de la prensa”.
Finalmente, Climent anticipó que “si se aprueba esta ley nefasta que amenaza con 25 días de cárcel a los periodistas, vamos a pedir que se declare su absoluta nulidad por ser inconstitucional porque es contraria a derechos garantizados por la Constitución Nacional, por Tratados Internacionales que en Argentina tienen rango constitucional y por normas nacionales como la ‘Ley Olimpia’, la ‘Ley Belén’ o la Ley 25.326 que ya protegen los datos personales sin afectar la libre expresión y el trabajo periodístico”.
“Estamos de acuerdo en combatir y sancionar la circulación de noticias falsas, pero los especialistas nacionales e internacionales en Ciencias de la Comunicación y en Derecho de la Comunicación advierten que es casi imposible y, de hecho, no existe legislación similar salvo en regímenes autoritarios porque es muy delicado llevar a la actividad de la prensa al fuero penal por dar opinión o información sobre funcionarios públicos” concluyó.
