Se trata de un proyecto presentado por el senador nacional José María Carambia. La iniciativa apunta a impulsar la transición energética, reducir el impacto ambiental y reactivar economías regionales con infraestructura existente.
El proyecto define a la energía geotérmica como una fuente renovable “inagotable”, con la ventaja de contar con disponibilidad continua, a diferencia de otras energías como la eólica o la solar, que dependen de condiciones climáticas. La iniciativa busca convertir un problema estructural del sector hidrocarburífero —la existencia de pozos inactivos— en una oportunidad productiva y ambiental.
En regiones como la Patagonia y el norte de Salta en donde la actividad petrolera atraviesa una declinación en áreas convencionales, se acumula infraestructura ociosa con impacto económico y social sobre las comunidades locales. En ese sentido, el proyecto propone reutilizar esos activos para generar energía limpia, al tiempo que se preserva el empleo especializado y se promueve la inversión en nuevas tecnologías.
En el caso de Salta, la problemática quedó en evidencia con los derrames de hidrocarburos registrado en la provincia debido a la existencia de cientos de pozos petroleros abandonados o sin cierre definitivo que continúan representando un grave riesgo ambiental. En ese marco, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Ignacio Lupión, declaró hace poco que existen cerca de 1.400 pozos petroleros en la provincia, aunque apenas unos 50 continúan produciendo petróleo. “El resto permanece inactivo y muchos nunca recibieron el sellado técnico definitivo que exige la normativa petrolera para evitar filtraciones de hidrocarburos, gases y líquidos contaminantes. Especialistas y referentes ambientales advierten que numerosos pozos abandonados funcionan hoy como verdaderas ´bombas de tiempo ambientales´”, precisó hace menos de un mes el sitio La Política Ambiental.
Volviendo a la iniciativa del senador Carambia, allí se especifica que para acceder a los beneficios del régimen que él propone, las empresas deberán presentar proyectos de inversión que incluyan evaluaciones técnicas, ambientales y de impacto sísmico, así como planes de adecuación de la infraestructura existente. Entre los incentivos previstos, se contempla estabilidad fiscal para los proyectos, reducción del 50% en el IVA aplicado a bienes de capital y una alícuota del 0% en derechos de importación para equipamiento e insumos vinculados a la actividad.
En los fundamentos, Carambia sostiene que la Argentina cuenta con condiciones favorables para avanzar en la transición energética, pero remarca la necesidad de generar herramientas concretas que permitan reconvertir activos existentes y diversificar la matriz energética.