Es lo presente en el dictamen final de comisión de la Ley Bases que salió del Senado. Allí se mantiene el beneficio para las regiones que en 2021 se incorporaron al régimen de “zona fría” que contempla a varias localidades de la provincia.
Si bien los subsidios por zona fría no surgen de un aporte del Tesoro, sino que se financian con un recargo en las facturas de todo el país, la intención de la gestión Milei era eliminarlo. Según pudo reconstruir Infobae, hubo una fuerte presión de los legisladores por sostener a Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y unas 50 localidades de Buenos Aires dentro del esquema.
La continuidad del beneficio beneficiaría a más de 4 millones de usuarios beneficiados por el régimen de zona fría. En el caso de Salta, las localidades alcanzadas por este beneficio son Cachi, Cafayate, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos y la Región conocida como la “Puna”.
El proyecto de ley del oficialismo que había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios.
El dictamen que salió de la Cámara de Senadores incluyó la modificación de Ley 27.637 impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner que extendía el beneficio a más zonas del país que las originalmente previstas. Ese detalle había generado preocupación en legisladores del interior, quienes buscaron asegurar el mantenimiento de estas subvenciones.
“El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías originalmente preveía que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. Hace dos años el beneficio se amplió a otras zonas del país con clima frío o templado-frío y escaló a los 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9 millones en el país. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires” destacó Infobae.
Sin embargo, ese subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El Gobierno transfiere a las distribuidoras la diferencia entre lo que abonan los hogares beneficiarios y el “costo real” de la factura con fondos de ese fideicomiso. El año pasado ese fondo tuvo ingresos por $116.877 millones y gastos por $77.663 millones, es decir, un resultado positivo de $39.213 millones. Este era uno de los fondos fiduciarios que tenía en la mira el Gobierno para su eliminación.
