Desde Padres TGD TEA Salta aseguraron que hay una creciente incertidumbre por la quita de pensiones, demoras en nombramientos y falta de actualización de presupuestos.
El gobierno de Javier Milei ya arrancó su segundo año y algunas de las preocupaciones siguen siendo las mismas que en la primera temporada. Entre ellas, las del sector de discapacidad, que carece de presupuestos actualizados y sufre quita de pensiones, entre otros asuntos que ponen en alerta a las familias del sector.
Desde Padres TGD TEA Salta, el referente Luis González dijo que «se está produciendo un genocidio de personas con discapacidad por la indiferencia de Nación».
En Nuevo Diario, González habló de una creciente incertidumbre para las familias de personas con discapacidad. Señaló las quitas de pensiones no contributivas, las demoras en los nombramientos docentes en el sector público y la falta de actualización en los presupuestos para terapias.
«Las familias están alarmadas por las quitas masivas, ya que estas pensiones son esenciales para costear terapias y tratamientos», explicó. El panorama coincide con informes a nivel nacional que advierten una caída del 39 por ciento en los recursos asignados a pensiones para 2025, lo que afectará a cerca de 177 mil beneficiarios en el país
Según González, muchas personas con discapacidad quedaron sin cobertura o deben esperar seis meses para acceder al sistema de obras sociales, un período crítico para quienes necesitan atención continua. «El año es un desastre, se está produciendo un genocidio de las personas con discapacidad y de los jubilados, por lo que entendemos claramente que la casta somos nosotros», declaró.
Desde las instituciones referenciadas con los derechos de la discapacidad anticiparon entre otras cosas que el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá una caída acumulada del 40 por ciento en comparación con 2023, consolidando un escenario restrictivo
La situación se agrava con el Decreto 843/2024, que reintroduce requisitos considerados inconstitucionales para acceder a las pensiones, como demostrar la «disminución de la capacidad laborativa» y la ausencia de vínculos laborales o familiares que brinden sustento. Estas medidas, junto con una auditoría nacional cuestionada por más de 130 organizaciones, ponen en riesgo el acceso a derechos fundamentales para miles de personas con discapacidad.
«Pedimos que 2025 sea un año de oportunidades, donde las personas con discapacidad no sean vistas desde el asistencialismo, sino como ciudadanos plenos con derecho a una mejor calidad de vida», agregó González.
