El organismo de derechos humanos solicitó exponer su perspectiva sobre el proyecto que busca limitar el derecho a la protesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó la intervención y defendió el protocolo anti-manifestaciones.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reclamó tener voz en el debate de la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se prevé aprobar la semana próxima en la Cámara de Diputados. El proyecto, que contiene medidas de ajuste fiscal, reforma laboral y seguridad, ha generado el rechazo de distintas organizaciones de la sociedad civil que denuncian que se pretende restringir el derecho a la protesta.
El jueves, el representante regional para América del Sur de la Oficina del ACNUDH, Jan Jarab, envió una nota a los presidentes de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para solicitarles hacer una exposición virtual sobre la ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso el 27 de diciembre pasado. “Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato –esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos”, aclaró Jarab en la nota difundida por el medio Página/12.
La solicitud del ACNUDH se basa en las conclusiones de una misión que visitó el país entre el 10 y el 11 de enero y que mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil. Entre los temas que generaron mayor preocupación se encuentran el protocolo anti-manifestaciones, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la ley ómnibus, que contienen disposiciones que podrían vulnerar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la más crítica con la intervención del organismo internacional. En un comunicado, afirmó que había salido al cruce de los representantes de la ONU y que había defendido el protocolo que establece requisitos para realizar protestas en la vía pública. También se quejó de que el relator especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Nyaletsossi Voule, hubiera expresado su alarma por la situación en el país sin consultar previamente con el gobierno argentino.
