Las mujeres pobres y adolescentes son las más afectadas por la injusticia en una provincia con índices de embarazo no deseado alarmantes: 79,4% en gestantes de 15 a 19 años; 87,4% en menores de 15 y 66,9% en mayores de 19. (Daniel Avalos)
“Implementación de la Ley IVE en Salta. Avances y desafíos”, es el título del informe publicado por Amnistía Internacional en el que se analiza la implementación de la ley 27.610 tras 18 meses de su sanción. Estructurado en una introducción, cuatro capítulos y un anexo, el documento es de alto valor analítico. Primero por documentar las barreras con las que se topan las personas gestantes en Salta para acceder al derecho consagrado por el parlamento en diciembre de 2020; y segundo, por los datos estadísticos que confirman las precarias condiciones en las que se desarrollan miles de ellas.
Ambas cuestiones surgen de investigaciones en territorio, entrevistas a usuarias, referentes, profesionales, autoridades provinciales e información oficial de todo el país. Para el caso salteño, la misión de Amnistía arribó en mayo y el diagnostico que emitió es alarmante: baja disponibilidad de efectores que garantizan IVE en cada zona operativa sanitaria; colapso y demora en la atención en el Hospital Provincial Materno Infantil; dificultades para acceder a la práctica por demanda espontánea; escasa disponibilidad y deficiente cobertura en el sector privado; falta de información pública sobre el derecho al aborto en centros de salud que deben garantizar la práctica.
La situación tiene por víctima a las mujeres, sobre todo a jóvenes y adolescentes pobres que curiosamente viven en una provincia que cuenta con recursos provistos por el Estado nacional para multiplicar los procedimientos. De las 73.487 interrupciones del embarazo registradas por el Ministerio de Salud de la nación, Salta registró 3.020 entre enero del 2021 y febrero del 2022 (4,1%). Ello en una provincia que -según las proyecciones del INDEC para el año 2022- tiene un total de 442.671 mujeres de entre 10 y 49 años; variable a la que el organismo internacional suma otra más preocupante: durante 2020 el embarazo no planificado fue del 79,4% en población de 15 a 19, el 87.4% en la población menor de 15 años y del 66,9% en mayores de 19 años.
Los ladrillos del muro
Quienes conforman un muro infranqueable para que miles de salteñas accedan al derecho son los “objetores de conciencia”: cientos de médicos/as que esgrimen el derecho de no actuar en contra de sus convicciones personales. El resultado es penoso. Las autoridades sanitarias informaron a Amnistía que, en mayo pasado, la provincia contaba con 26 profesionales no objetores, número que se incrementó a 40 en agosto. Amnistía destacó el esfuerzo del gobierno en ese sentido, pero la cifra es de escándalo en una provincia con los índices demográficos y de embarazo no deseado antes resaltados.
El trabajo de esos 40 profesionales resulta épico. Se trasladan de un lado a otro para garantizar el acceso a esa práctica, pero el esfuerzo no puede agujerear el muro levantado por los objetores. El número hace materialmente imposible garantizar la cobertura en todo el territorio y genera una demanda que se concentra en pocos hospitales que terminan colapsando. Lo admitió el Supervisor de Salud Sexual, Javier Yapura, quien informó al organismo internacional -durante una reunión el 23/08/2021- que las instituciones que cumplen con la ley son “los hospitales de Tartagal, Orán, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Santa Victoria y Pichanal. En la zona sur, los hospitales de Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Potreros, Apolinario Saravia, Joaquín V. González, Quebrachal y el Tala; en zona centro, el Hospital Materno infantil, el Hospital del Milagro, y los Centros de Atención Primaria N°. 6, 23, 63, 13, 16, 25, 45, 54, 27 y 29; en la zona oeste, los hospitales de Cafayate, San Carlos, Cachi, Molinos, Cerrillos, La Merced, Chicoana, San Antonio de los Cobres, Santa Victoria Oeste”, destaca el informe.
Sólo 10 Centros de Salud de los cientos que existen en Salta -todos de la capital provincial- aparecen en el listado. El resultado es obvio: “la atención de IVE/ILE se concentra en los hospitales del segundo o tercer nivel desaprovechándose la oportunidad de resolver una práctica ambulatoria y de baja complejidad en el primer nivel”. Los datos vuelven a revelar el aspecto imperdonable: sólo en el año 2021 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó en todo el país botiquines para el acceso a interrupciones del embarazo a 5700 centros de salud. La diferencia entre los insumos disponibles y la atención IVE en ese nivel de atención en Salta es tan irrefutable como indignante.
En semejante escenario, los casos de IVE por demanda espontánea son una rareza en la provincia. Lo resalta Mercedes Martínez, voluntaria del grupo Socorro Rosa Salta, quien declaró ante la misión de Amnistía que “hasta el día de hoy, no hemos conocido un caso que se haya resuelto por demanda espontánea”. Hace referencia al mecanismo de solicitar un turno a la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación para evitar que las mujeres recorran incansablemente servicios de salud que no dan respuesta. La mecánica no funciona: los turnos que se solicitan de ese modo tienen una demora de entre 3 y 4 semanas, las líneas congestionadas son una constante, todo deviene en una maraña de requisitos burocráticos y no son raros los casos en donde las mujeres se topan con profesionales de la salud hostiles que terminan siendo engranajes claves para vulnerar derechos en vez de otorgar asistencia médica.
Suplicio médico
La objeción de conciencia se ha vuelto además una especie de salvoconducto para que muchos profesionales se desentiendan de la atención a todo lo que involucre a quien busca acceder a la interrupción del embarazo. Y es que la “objeción” faculta a médicos y médicas para no realizar la intervención directa de la IVE/ILE, pero según el informe muchas veces la negativa se extiende a las acciones de atención previas o posteriores como la realización de ecografías, toma de tensión arterial, de temperatura, seguimiento postaborto, o dispensa de medicación. La objeción de conciencia, entonces, se constituye como mezquina libertad de algunas personas a costa de la libertad y de la salud de otras.
“Libertad” que a veces parece traducirse en una rabiosa excitación para discriminar, violentar y maltratar a pacientes que terminan siendo blanco de un suplicio por parte de “profesionales que han hecho oír a las personas gestantes los latidos fetales en el marco de la realización de las ecografías”; “que, si bien entregan la medicación, en el marco de la consulta manifiestan actitudes expulsivas o expresan juicios de valor a personas que requieren interrumpir un embarazo”; “que omiten brindar información sobre cómo será el procedimiento o cuáles serán las pautas de alarma”, denuncia el informe.
Ello explica que, según los registros del Ministerio de Salud de la Nación, Salta se ubique como la provincia “en la que en mayor medida (20% del total) se iniciaron actuaciones administrativas, comunicaciones directas con autoridades, o instancias de articulación interinstitucional frente a posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a IVE/ILE”. Difícil conciliar la imagen de estos pésimos profesionales con la idílica figura que en este país sintetizaron doctores como René Favaloro en quienes anidaban sentimientos humanos que eran mucho más fuertes que los prejuicios de todo tipo y hasta de los miedos a la muerte.
Desinformación
La lucha por garantizar en Salta el acceso a este derecho claramente se está perdiendo. No por falta de materiales, como suele ocurrir en provincias pobres como la nuestra, sino fundamentalmente porque la mayoría del ejército capaz de suplir con esfuerzo ciertas carencias materiales decidió darle la espalda a la misión para la que se formaron.
Ello afecta directamente a miles de personas gestantes que podrían ser aún más si el Estado provincial desplegara las campañas de información que la ley contempla. Amnistía Internacional se lo ha reiterado. “Nadie puede ejercer un derecho que desconoce”, destaca una parte del informe que enfatiza que la desinformación es otra de las principales barreras para extender el derecho en todo el país, situación que se replica en los centros de salud y en el espacio público de la provincia que deberían informar “sobre dónde y cómo acceder a la práctica”.
El Ministerio de Salud aseguró que es inminente el lanzamiento de una campaña con cartelería pública con un código QR que incluiría información al respecto, además de los canales de reclamo por obstáculos en obras sociales y empresas de medicina prepaga. “Pese a ello, aún no consta que se haya dado amplia difusión sobre los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta. Tampoco se han realizado, a la fecha, campañas públicas que contribuyan al empoderamiento legal de la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos”, se puede leer en el informe del organismo denunciante.
Habrá que admitir por una vez, no obstante, que el hueso del problema no parece residir ahora en ese Estado con sus carencias y falencias, sino más bien en los cientos de médicos y médicas que nos confirman que el logro de la ley no siempre viene unido al progreso, que las personas comunes y corrientes que alguna vez idealizamos se esfuerzan por deshacer los logros, que del llamado pueblo pueden surgir innovaciones luminosas pero también oscuras, y que a muchos y muchas les resulta más fácil seguir identificando brujas para seguir quemando que problematizar certezas que en nombre de Dios terminan por oprimir a la adulta, a la joven, la adolescente y hasta a la niña de al lado.
El informe completo puede leerse aquí: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2022/09/Informe-Salta-v6.pdf?utm_source=Twitter&utm_medium=Difusion&utm_campaign=Aborto&utm_term=COMS&utm_content=InformeBarrerasSalta
