miércoles 21 de febrero de 2024
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Salta

Informe anual advierte una alarmante violencia institucional contra personas trans en las cárceles salteñas

El informe anual revela la falta de personal capacitado y recursos adecuados en las instituciones carcelarias, lo que ha dado lugar a una violencia institucional a gran escala. Además, se destaca el trato discriminatorio y riguroso que enfrentan diariamente las personas trans en las cárceles, incluyendo la negación de su identidad de género y la interrupción de tratamientos hormonales.

En el informe anual presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, se expresó una profunda preocupación por el tratamiento penitenciario que reciben las personas LGTBIQ+ privadas de su libertad. Según el informe, las instituciones carcelarias carecen de personal idóneo y capacitado, así como de instalaciones adecuadas para proteger los derechos humanos, lo que ha llevado a una violencia institucional a gran escala.

En particular, el documento se centra en la situación de 59 mujeres trans que cumplen condena en la Unidad Carcelaria N° 1 de varones y N° 4 de mujeres, indistintamente. Según se constató en las visitas de monitoreo, estas personas sufren diariamente un trato riguroso y discriminatorio por parte de los agentes penitenciarios. Sus identidades de género no son aceptadas ni respetadas en la mayoría de los casos, se les imponen barreras burocráticas ante cualquier solicitud o reclamo, y con frecuencia se interrumpe su tratamiento hormonal, lo que provoca efectos adversos y retrocesos en su proceso de hormonización.

En otro ámbito preocupante, el Hospital del Milagro de Salta alberga el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo para VIH y Sífilis (CePAT) cuya función es promover y facilitar el acceso a pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual y brindar seguimiento y control. La mayoría de los pacientes que acuden al CePAT son considerados «población clave» debido a su vulnerabilidad social y a su experiencia de violencia institucional.

Actualmente, por orden del juzgado de ejecución penal, por semana tres personas privadas de su libertad, todas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, pueden asistir al CePAT en las unidades carcelarias 1 y 4. Allí reciben apoyo psicológico y acompañamiento, lo que les ayuda a sobrellevar las dificultades de estar privadas de su libertad en ambientes penitenciarios inapropiados. Estas estructuras rígidas de discriminación impuestas por la institución carcelaria son un obstáculo adicional para su reintegración social.

El Comité ha mostrado su respaldo a la creación de estos espacios de contención y reintegración social, destacando los avances significativos en el proyecto de vida de las pacientes, como la prevención temprana del suicidio y el tratamiento de la depresión. Sin embargo, señalan como urgente abordar la violencia institucional y garantizar que las personas LGTBIQ+ privadas de su libertad reciban un trato justo y respetuoso, así como el acceso a la atención médica adecuada para sus necesidades específicas.

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