Las mismas elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.
“Infancia en deuda” es el nombre que agrupa a distintas organizaciones que elaboraron el informe. Se trata dl primer año de trabajo de la Defensoría que estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias.
La abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ e Integrante de Infancia en Deuda, Bárbara Zanino, recordó que según datos del INDEC, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos.
Con respecto a la situación de niños y adolescentes en Salta, Zanino indicó que en el informe se advirtió una situación alimentaria compleja en comunidades indígenas, y esto tiene que ver con una situación de discriminación estructural muy grave que también sucede en otras provincias del país.
“Vemos situaciones de desnutrición muy graves y otras que podrían abordarse de otra manera si se reglamentará en Salta la ley 7859 de salud intercultural que podría favorecer el acceso a derechos de estos niños”, señaló la abogada.
