Lo presentó la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en favor del Plan ENIA. El mismo había logrado reducir en casi un 50% el embarazo no intencional. Las bajas de los índices también eran celebradas en Salta.
Fue creado durante el macrismo y se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández. Funcionaba en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires; las jurisdicciones que presentaban los indicadores más altos de embarazo en adolescentes al momento de lanzar el plan.
Los resultados fueron asombrosos y hasta el último informe de “ONU Mujeres” lo reconocía. El publicado a principios del mes de abril destacaba que las mejoras más importantes desde 2015 era la caída de la tasa de fecundidad en la adolescencia. “En 2019, la tasa de fecundidad entre los 15 y 19 años que se ubicaba en 40,6 (nacidos vivos por cada 1.000 mujeres) se redujo a 25,2 en 2022. Por otra parte, entre los 10 y 14 años –que se presume son embarazos producto de abusos y coerción sexual–, la tasa en 2019 ascendía a 1,1 y en 2022 descendió a 0,6”.
Las mejoras también eran evidentes en provincias como Salta. Un estudio realizado por el gobierno provincial para el Boletín de Indicadores de Salud Adolescente que fue presentado a fines del año 2023, indicaba que la disminución de los embarazos entre la población que comprende a niñas y jóvenes de 10 a 19 años pasaron de 17,5% en 2019 a 14,8% en 2023. A su vez, el ministro de Salud salteño informó también a fines del 2023 que la curva de embarazos en niñas de 10 a 14 años venia en descenso: la tasa cada mil habitantes fue de 3 en 2018; 2,4 en 2019; 1,4 en 2020, 1,5 en 2021; y 1,4 en 2022.
No obstante, con el arribo de Javier Milei a la presidencia, el desfinanciamiento del programa y el despido de las profesionales que trabajaban en el mismo fue la regla. En ese marco la defensoría pidió que la justicia le ordene al Ministerio de Salud la reanudación inmediata del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia con el presupuesto correspondiente, los equipos focales territoriales, los insumos necesarios, capacitaciones, y los espacios de consejería que se venían desarrollando desde 2017, cuando se puso en marcha.
“El recurso de amparo fue aceptado por el juez Martin Cormick, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. La presentación fue realizada por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y su adjunto, Juan Facundo Hernández, con el patrocinio letrado del abogado Nicolás Sipioni”, destaca la periodista Mariana Carbajal en una nota publicada hoy por el diario Página 12.
En su presentación, la Defensoría advierte que el desmantelamiento del Plan ENIA “lesiona los derechos sexuales y reproductivos” de niñas, niños y adolescentes y les “impide acceder a prestaciones de vital importancia que les garantizaran evitar embarazos no deseados; enfermedades de transmisión sexual y abusos sexuales”.
