Un vecino de Aguas Blancas señaló que el terreno es de propiedad privada y acusa al interventor municipal de avanzar con la obra pese a conocer la situación. Familias locales también reclaman derechos sobre el sector.
Ariel Calderón, vecino de Aguas Blancas, ha denunciado que el terreno donde se está levantando un alambrado en la frontera salteña con Bolivia es de propiedad privada, no solo suya, sino también de varias familias de la zona, como los Yurquina, Narváez, Méndez y Cruz. Calderón apuntó contra el interventor del municipio, Adrián Zigarán, a quien acusó de conocer esta situación y, a pesar de ello, avanzar con la construcción del cerco de 200 metros que hoy ya fue noticia porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, participó del inicio de la obra.
El vecino explicó que toda la zona formaba parte de una finca y que los propietarios actuales cuentan con boletos de compra y venta que acreditan su titularidad. «Somos dueños de nuestra parte en territorio en Aguas Blancas», afirmó Calderón, quien aseguró ser propietario de su parcela desde hace ocho años. Además, criticó las declaraciones de Zigarán, quien había señalado que los vecinos no poseían los documentos correspondientes.
Calderón sostuvo que el interventor no tiene legitimidad para actuar como intendente y que su proyecto causa un daño económico al pueblo. «El alambrado no va a durar ni dos semanas, esto es un chiste», dijo en entrevista con FM Infinito, y agregó que Zigarán «no tiene educación» al tratar de narcotraficantes a quienes se oponen a la construcción de la malla de alambre.
