Lo autorizó la Corte Suprema de los EEUU. El fallo habilitó el embargo de activos depositados en cuentas del Banco Central argentino en la Reserva Federal de ese país y permite a un grupo de acreedores tomar posesión de 310 millones de dólares.
El caso fue impulsado por un grupo de “fondos buitre” que adquirieron deuda en default desde 2001. Acreedores que nunca ingresaron a los canjes de deuda ofrecidos por la Argentina en 2005, 2010 y 2016. El conflicto se remonta a la emisión de los bonos Brady a principios de la década de 1990, instrumentos financieros respaldados con títulos del Tesoro estadounidense como garantía. Estos bonos fueron parte de un acuerdo de reestructuración de deuda impulsado por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady. Si bien la Argentina acumuló el pago de los bonos Brady en marzo de 2023, los títulos entregados como garantía permanecieron en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York.
“En junio de 2021, los holdouts reactivaron su reclamo sobre los activos utilizados como garantía de los bonos Brady. En agosto de 2022, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor del embargo, una decisión ratificada posteriormente por la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Finalmente, la Corte Suprema estadounidense denegó la apelación del gobierno argentino, vendiendo el destino de los fondos”, resumió el proceso el diario Perfil.
Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los litigios internacionales que enfrenta la Argentina, destacó que esta es la segunda derrota significativa para el país en un período de tres meses. En octubre de 2023, la Corte Suprema del Reino Unido cayó en contra de la Argentina en el caso relacionado con el Cupón PBI, un instrumento financiero vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno.
Los fondos embargados, distribuidos entre cuentas en la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza, marcan un nuevo capítulo en la compleja relación financiera y legal entre la Argentina y sus acreedores internacionales. Este caso subraya las consecuencias de no alcanzar acuerdos amplios en procesos de reestructuración de deuda y las implicancias legales de los activos utilizados como garantía en negociaciones financieras pasadas.
