La causa se remitió al fuero federal por el tipo de delito que involucra al diputado nacional. La justicia provincial, por su parte, continuará investigando a quienes ejecutaron el hostigamiento valiéndose del anonimato de las redes.
El caso se originó a partir de los pedidos de información dirigidos a las plataformas TikTok y Google, cuyas respuestas permitieron identificar a los implicados Juan Marco Capisano, Alonso Javier Allemand y Florencia Arias Bustamante, quienes se desempeñan como asesores de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación.
Las investigaciones preliminares revelaron que el diputado nacional habría ordenado la creación y difusión de material audiovisual difamatorio y que sus empleados gestionaban cuentas presuntamente utilizadas para llevar a cabo actividades delictivas. Según las versiones, estas acciones habrían sido financiadas con fondos de la administración pública nacional.
Las personas identificadas por la creación de las cuentas en cuestión son ciudadanos de la provincia de Salta y se encuentran imputados por los delitos de intimidación pública y/o calumnias e injurias. En cuanto a Estrada, su posible participación se vincula con los delitos de instigación a cometer delitos, intimidación pública y/o peculado, lo que podría repercutir tanto en la administración pública como en su rol de funcionario.
En este escenario, el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación del Distrito Judicial Centro de Salta determinó que los delitos que se le imputan a Capisano, Allemand y Arias Bustamante son de competencia de la justicia provincial y resolvió continuar con la investigación en su contra.
Sin embargo, en el caso del diputado Estrada, se concluyó que los hechos objeto de la investigación se agrupan en delitos de competencia provincial (instigación a cometer delitos e intimidación pública) y federal (peculado de servicios). La conexión entre las diversas imputaciones y las pruebas presentadas han llevado al Juzgado de Garantías a considerarse incompetente para el caso de Estrada y, en consecuencia, ha enviado el expediente al Juzgado Federal de Salta que corresponda, garantizando así un proceso judicial más eficiente y acorde a la naturaleza de los delitos investigados.
