Lo indica un informe publicado por ese organismo a partir de una inspección que realizó en lugares de detención de nuestra provincia entre el 26 y el 30 de septiembre del año pasado.
Tras señalar las situaciones que violan derechos fundamentales de las personas detenidas, el organismo recomendó a los poderes estatales medidas que modifiquen la situación. El informe precisa que al momento de la inspección realizada en septiembre del año pasado había 4.640 personas alojadas en lugares de detención: 747 en comisarías, 1081 en alcaidías y 2812 en unidades penales. Con semejantes números, no sorprendió que el comité resaltara que el hacinamiento es un problema; que no es menos grave que las comisarías y alcaidías alojen detenidos de manera permanente; o que las prácticas de aislamiento excesivo sean comunes en las cárceles.
Con respecto a los 53 casos incluidos en el Registro Nacional de Tortura, el informe aclara que los mismos se hicieron bajo reserva de identidad, en 4 casos hay denuncias penales y 11 brindaron autorización para comunicar lo ocurrido a la autoridad competente.
El Comité advirtió que en 23 de los 53 casos se desencadenaron se por «reclamos individuales o colectivos (…) realizados por las personas presas debido a problemas de salud, alimentación y/o de vinculación familiar»; mientras la mayoría de los malos tratos y torturas se cometieron en el interior de las celdas o pabellones de alojamiento. Con respecto a las modalidades de tortura, el informe da cuenta de las conocidas como “criqueo”, «pata-pata», «plaf-plaf» y el «submarino». También se registró un caso de “aplicación de violencia sexual».
También fueron inspeccionados los centros de detención de Jóvenes. Allí el Comité denunció la realización de requisas y revisiones humillantes, la falta de acceso a atención médica adecuada y la deficiente o nula capacitación del personal de salud en el examen y documentación adecuada de la tortura y los malos tratos.
El Comité destacó que se incumple un fallo de la Corte de Justicia que aprueba el uso de celulares en Alcaidías y Unidades Carcelarias, decisión que este tribunal tomó en el marco de un habeas corpus correctivo colectivo interpuesto por Mario Alberto Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal. El organismo nacional recomendó aplicarlo y que haya cámaras de videovigilancia en los lugares de encierro como una forma de prevenir la tortura.
