María Martínez Morales Miy es la delegada local de la Secretaria de Derechos Humanos de la nación. Hoy recorrió con el personal del CIF el asentamiento San Calixto – Parque La Vega que fue reprimido brutalmente hace tres noches.
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación denunció a las fuerzas policiales que reprimieron el martes por la noche a quienes ocupan los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega. La denuncia quedó asentada ayer en la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio. Cuarto Oscuro (FM La Cuerda) dialogó hoy con la delegada de esa secretaria en la provincia, quien al ser consultada al respecto enfatizó lo siguiente. “Acá hubo un abuso absoluto policial y una violencia desmedida contra las familias. Hay cien heridos y nosotros pudimos constatar que usaron gases lacrimógenos, balas de goma y también encontramos perdigones de plomo. Vinieron de noche y los que nos informa el Procurador General de la provincia es que no hubo ninguna orden de represión ni de desalojo”, dijo a modo de introducción.
Martínez Morales Miy se encontraba recorriendo el asentamiento mientras dialogaba con nuestro programa radial y por ello mismo fue consultada sobre el sentir de la gente. “Estuvimos el miércoles a la tarde y también ahora. Estamos acompañando a la gente del CIF por la denuncia que hizo nuestra Secretaría a la Fiscalía de Derechos Humanos. Se están tomando testimonios y constatando lesiones. Hay gente herida con gravedad y hay un modus operandi que creo que es estructural de la policía de Salta: disparar cerca de la cara. Hay mucha gente herida en los ojos, en la cara y en el pecho. La gente está asustada y tiene bronca. Se sienten traicionados. El predio tiene siete ingresos vallados; en cada uno hay control policial y sostienen que habían llegado a algunos acuerdos de comunicación pacífica con los policías que controlan esos ingresos, a quienes los vecinos le acercan leña para que hagan fuego y pasen la noche y les convidan mate cocido y hasta comida. Por eso no entienden cómo la situación terminó con lo ocurrido”, relato.
La funcionaria manifestó que las familias siguen manteniendo sus lotes y los pequeños avances logrados, aun en las condiciones de extrema precariedad en la que viven. “Eso es un poco lo que los ha llevado a resistir”. Luego recordó que allí existe una gran organización y reglas de convivencias: los siete vallados, encargados por sector, ingreso con documento, merendero y hasta una enfermería. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, es un eje principal del secretario Horacio Pietragalla, la lucha contra la violencia institucional. Creemos que es una deuda enorme de la democracia. No podemos seguir teniendo poderes ejecutivos que avalen estos niveles de violencia como ocurre en Salta con el decreto 255 ya convertido en ley”, remarcó.
Puesta a opinar sobre las razones que explicarían que el gobierno provincial mantenga tal normativa sin importarle la oposición de distintas organizaciones y hasta organismos del gobierno nacional como la propia secretaría que conduce Pietragalla; la funcionaria respondió: “Yo lo atribuyó a una decisión política del ejecutivo provincial de sostener estos súper poderes a la policía, a pesar de que la Secretaría de Derechos Humanos de la nación presentó un Habeas Corpus, o los organismos de DDHH denunciaron su inconstitucionalidad del decreto. Pero nosotros tenemos en esta provincia a cargo del ministerio de Seguridad a un exmilitar retirado negacionistas del terrorismo de Estado. Entonces, entiendo que tiene que ver con una visión política y una idea de cómo mantener el control social. No le encuentro otra razón”, concluyó.
