La amputada media sanción de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” dejó a los libertarios un motivo para festejar: la aprobación del capítulo que da más poder a los terratenientes por sobre quienes trabajan la tierra.
Según el mapa elaborado por la filial argentina de Amnistía Internacional en el marco de su proyecto “territorio indígena”, en Argentina hay más de 200 casos de conflictos tanto en tierras nacionales como provinciales. Por su parte, en el decreto que derogó la emergencia territorial, el Gobierno reconoció (diciembre de 2024) al menos 254 casos.
En ese marco, los especialistas advierten que aun cuando el proyecto de “desalojos exprés” atañe al Código nacional, su aprobación podría envalentonar a gobiernos provinciales que ya llevan adelante procesos de desalojos forzados. A la hora de ejemplificar, citan los casos del acampe y la movilización de la comunidad wichí en Nueva Pompeya (Chaco), o el conflicto por la restitución de tierras a la comunidad diaguita en Cachi, Salta.
“De aprobarse la ley en Diputados, los nuevos desalojos ya no deberán ‘agotar todas las instancias judiciales’ en un contexto en el que, además, el gobierno ya derogó la emergencia territorial indígena, que mantenía suspendidos los desalojos de las comunidades hasta que se completara el nunca concretado relevamiento de sus territorios. El proyecto introduce ahora a los operativos en el marco de los llamados ‘procesos sumarísimos’, para acelerar los procedimientos tanto en propiedades urbanas como rurales”, destaca un informe publicado en Página 12 el día de hoy. “Para los ‘intrusos’, calificación en la que el Gobierno incluye a las comunidades originarias, se dispone que el denunciante podrá pedir el desalojo en cualquier momento del juicio y que el juez deberá resolver la solicitud en el plazo de sólo cinco días, incluso antes de dictar sentencia”, agrega el medio citado.