La causa fue promovida por el Partido Obrero. La pericia busca determinar la existencia de daño ambiental en aire, tierra, agua y biota; como así también su impacto social.
Organizaciones ambientales celebraron el “importante avance” que se dio ayer en el marco del amparo colectivo promovido por daño ambiental producto de la gestión de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario San Javier.
Hacían referencia al comienzo del trabajo pericial del equipo interdisciplinario del CONICET en dicho complejo. De las tareas formaron parte la jueza interviniente, Victoria Mosmann; Jorgelina Franco del PO con el patrocinio de ALFA por la parte demandante; representantes de la Municipalidad de Salta; personal de la Empresa Agrotecnica Fueguina como parte demandada; representantes del Ministerio de Ambiente y de Recursos Hídricos; y el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en representación del Ministerio Público.
“Debido al tenor de la pericia, que busca determinar mediante una acción interdisciplinaria la existencia de daño ambiental en aire, tierra, agua (superficial y freática) y biota, como su impacto social (siendo uno de los principales puntos peticionados por quienes demandamos, la determinación de la existencia de contaminación por metales pesados), el CONICET planteó abordar la pericia como un proceso en dos etapas. La primera, exploratoria, dirigida a determinar indicadores de daño ambiental y, la segunda, encaminada a establecer la extensión, causas, características e impacto social del daño evidenciado”, destaca un comunicado difundido por ALFA.
En ese marco, se entiende que las pericias requerirán varias visitas al relleno sanitario, siendo la de ayer la primera. El objetivo es “determinar los puntos de muestreo y bosquejar un plan procedimental que será sometido al escrutinio de todas las partes a fin de asegurar la validez de la prueba”. En ese contexto, los presentes hicieron un recorrido por las diferentes trincheras del vertedero y sus instalaciones, hasta llegar al lecho del río.
A la hora de balancear la primera jornada, parte de los demandantes concluyeron que aun cuando la empresa sabía de la fecha de visita “no pudieron ocultar ni justificar las irregularidades que se fueron señalando en el trayecto. Así, quedo evidenciada la situación de riesgo de los operadores urbanos, que recogen residuos sin ningún tipo de material de protección a distancias demasiados estrechas con las máquinas aplanadoras, a contramano de las ordenanzas vigentes, lo cual motivó la elevación de un acta que dio cuenta de ello, intimándolos la jueza a remediar dicha situación en el plazo de una semana”.
Los demandados también fueron intimados a proporcionar la información requerida por los peritos del CONICET, referente a los análisis de composición de los líquidos lixiviados vertidos en los piletones del predio (información esta que no había sido presentada con anterioridad en el expediente). Por otra parte, se observó la notoria contaminación y la falta de tratamiento de las aguas en las que se vierten residuos orgánicos.
Como explicación para casi todos los faltantes en infraestructura e instalaciones, como las deficiencias de funcionamiento, la explicación reiterada fue que había problemas de seguridad ocasionados por “vándalos” que no habían podido mitigarse debido a la insuficiencia de personal policial.
Si bien la pericia recién está comenzando y es evidente que las limitaciones económicas no permiten realizar un análisis con la exhaustividad que sería deseable (ya que ello implicaría miles de dólares en gastos, solo en relación a reactivos, insumos y logística, sin considerar los honorarios de los peritos), no obstante, se arribó a un acuerdo procesal para que la pericia del CONICET se realice en las mejores condiciones posibles y esto no es poco.
