Acusan al gobierno nacional de profundizar un proceso de despojo territorial y de atentar contra la democracia en nombre de intereses económicos.
La reciente derogación de la Ley 26.160, junto con la aprobación del DNU 1083/24, marca un giro regresivo en materia de derechos humanos y territoriales. Comunidades originarias de Salta, como las del Consejo Originario de Pueblos de Tastil y la Comunidad Wichí Misión Carboncito, Comunidad del Consejo Kolla de Colanzuli de Iruya (entre otras) junto a más de un centenar de organizaciones indígenas del país, alertaron sobre un escenario de “inseguridad jurídica generalizada” que pone en riesgo su existencia. Según denunciaron, estas medidas reflejan una política estatal que prioriza el mercado por encima de los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
En un comunicado, las comunidades calificaron el decreto como un acto deliberado para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales y señalaron el peso simbólico de haberlo firmado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “Este gobierno está agudizando los conflictos sociales y minando la vida democrática. Un DNU no puede desactivar derechos constitucionales ni violar convenios internacionales como el 169 de la OIT”, señalaron.
Además denuncian que estas políticas no solo afectan a los territorios indígenas, sino que representan un golpe a la soberanía popular y al acceso de todos los argentinos a bienes comunes como el agua, la tierra y la biodiversidad. “Estamos viviendo un genocidio, ecocidio y terricidio sin precedentes, donde la tierra es tratada como un objeto para negociar deudas y no como nuestra madre”, advirtieron.
El Movimiento Indígena fue contundente al acusar al Estado argentino, bajo la gestión de Milei, de cometer “delitos de lesa naturaleza, lesa humanidad y lesa cultura” y anunció que llevará estas denuncias a organismos internacionales. Además, exigieron la renuncia inmediata de los funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por su complicidad en esta política de despojo y abandono.
Las comunidades reclaman la derogación del DNU 1083/24, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y la entrega de títulos comunitarios para garantizar la protección de sus territorios. “El gobierno de Milei no solo vulnera nuestros derechos, sino que ataca el tejido democrático del país. Esta lucha no es solo por los pueblos indígenas, es por el futuro de todos los argentinos”, concluyeron.
