Gustavo Orozco, con un prontuario marcado por 35 denuncias por torturas y apremios ilegales, generó polémica al vincular al expresidente boliviano con el narcotráfico. Sus declaraciones reavivaron tensiones entre Argentina y Bolivia en el marco del Plan Güemes.
El diputado provincial salteño Gustavo Orozco, conocido por su pasado como excomisario y por enfrentar múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos, protagonizó una nueva controversia al acusar al expresidente boliviano Evo Morales de estar vinculado al narcotráfico. Estas declaraciones se dieron en el contexto de la propuesta de instalar un vallado en la frontera con Bolivia como parte del Plan Güemes, una estrategia diseñada supuestamente para combatir el tráfico de drogas.
En una entrevista con Radio Infinito, Orozco afirmó que «el principal productor de coca en Bolivia es Evo Morales» y aseguró que solo el 2% de la coca cultivada se destina al consumo tradicional, mientras que el resto se utilizaría para la producción de cocaína. Además, vinculó al expresidente boliviano con el exjuez Reynoso, a quien también acusó de estar involucrado en el narcotráfico. Estas declaraciones generaron un fuerte malestar en Bolivia, donde las palabras del diputado fueron interpretadas como una provocación. Sin embargo, la figura de Orozco no está exenta de polémica: en informes publicados por CUARTO, tenemos que el legislador enfrenta múltiples causas judiciales por torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas durante su etapa como comisario.
Las denuncias contra Orozco incluyen cuatro causas por torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales agravados, con fechas de los hechos que se remontan a 2014 y 2015. Además, el diputado ha sido imputado en varias ocasiones y enfrentó procesos judiciales. Su historial contrasta con su actual rol como legislador y sus duras acusaciones contra Morales y Reynoso, a quienes calificó de «hijos de puta» y responsabilizó de la expansión del narcotráfico en la región. Esta paradoja ha reavivado el debate sobre la credibilidad de las figuras públicas que lideran la lucha contra el crimen organizado.
