El porcentaje se acerca a años 1.994 y 1.995 cuando el gobernador Ulloa aseguraba que la provincia era inviable.
Claramente el gasto público y particularmente el salarial se agravaron con la inflación. La razón es fácil de explicar: desde julio pasado los sueldos están atados a la inflación. Ocurrió tras la huelga del sector cuando Urtubey dejó sin efecto los que había pautado en marzo – un incremento salarial total para 2019 del 38% – conservando ese porcentaje como piso, pero con una readecuación automática conforme a la inflación medida por el INDEC.
Aunque Urtubey aseguró entonces que jamás tomaría decisiones que compliquen la gobernabilidad de la próxima administración, en los hechos esa actualización “automática de la inflación será imposible de cumplir si los gremios buscan repetir esa modalidad”, enfatiza un informe publicado hoy por el diario El Tribuno.
En el cuadro que acompaña el análisis, puede verse cómo el gobernador asumió en el año 2007 cuando el total de los recursos afectados al pago de sueldos era del 42%. En adelante el porcentaje siempre fue creciendo y llegó a su pico en el año 2016 cuando 68% de los recursos quedaron afectados al pago de salarios. La situación se hizo pública en noviembre de 2017, cuando el gobernador Urtubey produjo un cambio de gabinete que incluían el ingreso de Fernando Yarade en reemplazo de Carlos Parodi.
Allí se supo que la provincia padecía un déficit de cuatro mil millones de pesos y el porcentaje de gasto en personal del Estado había trepado al 66% del total presupuestado, “una proporción que remitía a la de 1994 y 1995, con el 69%, que llevó al entonces gobernador Roberto Ulloa a exclamar que ‘Salta es una provincia inviable’”, recuerda el artículo firmado por Francisco Sotelo.
Ese faltante se corrigió fundamentalmente con la jubilación de empleados que habían llegado a la edad de retiro, mayores ingresos del gobierno nacional y un incremento de la recaudación provincial que supuso un aumento tributario que generó malestar entre los empresarios.
“Sin embargo, el equilibrio está a punto de romperse. Las condiciones salariales decretadas por Urtubey, que aseguran a los docentes un aumento automático de los sueldos ante cada incremento de la inflación oficial, combinado con la incertidumbre fiscal que acompaña el actual cambio de gobierno nacional, convierten a los sueldos del Estado en un polvorín”, resalta el informe citado.
El artículo resalta también el impacto que pueden llegar a tener las medidas que vaya a tomar el presidente electo Alberto Fernández que por un lado declarará la emergencia económica que en los hechos siempre produce mayor subordinación de las provincias al poder central; mientras por otro tendría previsto un aumento del 20% de sueldos y jubilaciones que elevaría el gasto de cada distrito y también la inflación.