El objetivo de la iniciativa es darle una mayor visibilidad y garantizar los derechos básicos de una comunidad que el oficialismo considera «de las más discriminadas». Sus integrantes tienen una esperanza de vida de 36 años promedio.
Según informan medios nacionales, en los próximos días el proyecto será enviado a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, a cargo de Vilma Ibarra, y a los legisladores del Frente de Todos. En diálogo con LA NACION, Victoria Donda aseguró que el proyecto tiene el «apoyo general» del Gobierno a este tipo de iniciativas, aunque mantuvo reserva sobre el contenido específico del proyecto.
En líneas generales, dijo que se trata de un proyecto que responde a un reclamo histórico de la comunidad trans que no solo tiene que ver con el cupo laboral, sino también con la búsqueda de garantizar el acceso a la salud, la educación y a la vivienda.
«Es una de las poblaciones más desprotegidas y se necesita que se garantice el acceso a gozar de todos los derechos no solo en un espacio laboral en el sector público, sino que también tiene que haber una discusión hacia el interior del sector privado para que la comunidad tenga un verdadero acceso a sus derechos», sostuvo.
La titular del INADI señaló además que los hechos de discriminación contra la comunidad trans encabezan el índice de denuncias en el instituto. «No es solo por cómo te miran, por cómo te vestís, sino que también hay discriminación desde el punto de vista binario con el que se forma al personal de salud», indicó.
