Un informe expone una radiografía descarnada del fenómeno, aunque se desconoce la dimensión del problema por la inexistencia de investigaciones oficiales. La técnica de los “traslados” tipo Gustavo Zanchetta fueron constantes en todo el país.
La investigación fue realizada por un equipo de LA NACION que trabajó durante un año. Se consultaron juzgados, abogados defensores y querellantes, obispados, fuentes eclesiásticas y judiciales y asociaciones de víctimas. También hubo entrevistas con víctimas y con victimarios. La mayoría solo dijo que era inocente. Uno de ellos accedió a contestar mensajes por WhatsApp.
En las últimas dos décadas se conocieron decenas de casos similares. Sin embargo, es imposible establecer con certeza la dimensión del problema. “A diferencia de lo que ocurrió en varios países, en la Argentina nunca hubo una investigación oficial. No la hizo la Justicia y tampoco la Iglesia”, señala el reporte en donde se afirma que, por el contario, “la Iglesia argentina ocultó durante años a sus sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual” apelando a un método reconocido por la propia Iglesia: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento.
La investigación reveló que en los últimos 20 años se comprobaron un total de 63 denuncias fundadas. De ese total, siete casos ocurrieron en Salta e involucra a los siguientes: José Carlos Aguilera; Edmundo Raimundo Lamas; Gustavo Zanchetta; Agustín Rosa Torino; María Alicia Pacheco; Néstor Aramayo; y Alessandro de Rossi. Del total de casos, por lo menos 19 la Iglesia trasladó al acusado a otro destino siendo el caso del ex obispo de Orán – Gustavo Zanchetta – el más reconocido: “Desde diciembre de 2017 se desempeña como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica (APSA), conocida como la «inmobiliaria» del Vaticano, ya que administra más de 5000 propiedades en distintos países. Hasta agosto de ese año era el obispo de Orán, en Salta, puesto que dejó por problemas de salud, según informó el propio sacerdote en una carta pública”, resalta el informe.
La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra. Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12, les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución. Sin embargo, el número de casos sin denunciar es mucho mayor.
En todos los ámbitos, las denuncias de abusos incluyen situaciones ocurridas en seminarios, hogares de niños, colegios pupilos, escuelas, campamentos y parroquias. La mayoría de los victimarios son curas o religiosos, pero también hay tres monjas acusadas. Las víctimas más chicas tenían 3 años de edad.
Dentro de la Iglesia argentina hay un movimiento contra las viejas prácticas de ocultamiento, que muchas veces choca contra la oposición de algunos grupos que se resisten a la apertura. Mientras tanto, la institución hace control de daños ante cada nueva revelación, pero hasta ahora no se ha puesto al frente de las investigaciones, ni ha revelado la dimensión del problema. Sí hay intentos de establecer sistemas de denuncia para el futuro.
