Graciela Beatriz Juárez tenía 19 años cuando fue secuestrada el 12 de agosto de 1976. Luis Dubois era el oficial del Ejército que allanó la casa de la joven y fue denunciado ahora por la madre de la misma: Victoria Juárez.
“A 44 años de ese hecho terrible, Victoria tomó el coraje para autorizar que se presente una querella por su hija y por ella misma y se pida la indagatoria de Luis Dubois, el militar que la siesta del 13 de agosto de 1976 encabezó a la patota que invadió su casa y se llevó los recuerdos de Graciela y la llevó a ella misma detenida por 72 horas, en las que fue interrogada y escuchó disparos y gritos de otros detenidos”, resaltó el artículo publicado hoy por la sección local del diario Página 12 y que lleva la firma de la periodista Elena Corvalán.
«A mí me amenazaron, que yo no tenía que abrir la boca porque me iban a matar a los tres hijos que quedaban», explicó Victoria en la vereda del edificio de los Tribunales federales en Salta, donde los organismos de derechos humanos llevaron adelante una acción en el Día de los Derechos Humanos durante la jornada de ayer. «Recién abro la boca después de 44 años. Todavía tengo miedo», se sinceró Victoria: «Me dijeron que uno por uno les iban a hacer daño (a sus otros tres hijos)».
Ese miedo que sufre Victoria fue refrendado ayer por un incidente que soportó más temprano en la Ciudad Judicial (en los tribunales provinciales) el abogado David Leiva, presidente de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que presentó la querella con Luis Dubois y fue agredido por guardias de seguridad privados cuando intentaba ingresar a consultar expedientes.
La historia de la desaparición de Graciela, hay que decir que tenía 19 años y estaba embarazada de dos meses cuando fue desaparecida. Era estudiante de nivel secundario en el Colegio Comercial Nº 2. Además, alfabetizaba a adultos en el barrio de Tres Cerritos de la ciudad de Salta y solía llevar asistencia a familias necesitadas de Villa San Lorenzo. El 12 de agosto de 1976 salió para el Colegio y fue secuestrada cerca de las 18.30, por fuerzas represivas integradas por personal del Ejército Argentino y la Policía de la Provincia. Al otro día, pasadas las 14, fuerzas conjuntas arribaron al domicilio de Graciela, donde vivía junto a sus padres y hermanos en el barrio El Tribuno y lo invadieron.
Eran unos veinte hombres, algunos de uniforme y otros de civil, todos «al mando del entonces teniente Luis Dubois», se relata en la querella, presentada con el patrocinio de la abogada María José Castillo y el abogado Martín Plaza. Dubois y cuatro soldados ingresaron a la casa, fueron al dormitorio de Graciela, revolvieron todo y se llevaron todas las pertenencias de la joven, fotos, libros, discos, ni un recuerdo dejaron de ella en la vivienda familiar. Victoria recordó particularmente ayer que al salir de la casa, uno de los efectivos mostró una foto de su hija y gritó: “Ven esta inocente niña, bueno, esta es una enemiga de la patria”. A Victoria la subieron a un camión del Ejército y la llevaron a la Central de Policía, donde estuvo detenida tres días y le preguntaron por las actividades de su hija y los nombres de compañeros y profesores. Tras ser liberada, Victoria tuvo que ir cada día a la sede del Ejército a registrarse. El segundo año debió cumplir con esa obligación día por medio.
Victoria dice que no abrió la boca por 44 años, olvida que ya en agosto de 1979 denunció la desaparición de su hija, que también llevó su caso ante la Conadep y el 22 de mayo de 1980 dio su testimonio, y volvió a hacerlo en 2014.
Dubois era oficial de Logística (S4) en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141 entre el 3 de enero de 1975 y el 16 de noviembre de 1976. Como tal, integraba la plana mayor con “responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con el apoyo logístico”, se asegura en la presentación de la querella, para la que está claro que el oficial «intervino, tanto en la disposición de los medios necesarios para que se concretaran las acciones investigadas, como en la transmisión de las órdenes correspondientes, tal como lo expresa el dictamen Fiscal de noviembre de 2017», que todavía no fue proveído por la Justicia.
