lunes 22 de abril de 2024
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A 50 años del golpe en Chile | Allende y un programa de gobierno muy actual

El presidente trasandino proponía terminar con las políticas basadas en los mandatos del Fondo Monetario Internacional y con los beneficios para los empresarios.

En diciembre de 1969, Salvador Allende presentó el plan de gobierno de la Unidad Popular, el frente electoral que lo llevó al poder tras el triunfo en las elecciones del 4 de septiembre de 1970. Se trataba de un manifiesto que asombra por la vigencia de algunos de sus conceptos.

«Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud», comenzaba el texto. Agregaba que «los problemas en Chile» podían resolverse. «Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo que ha fallado?», se preguntaba.

Unidad Popular apuntaba a las políticas económicas inclinadas para favorecer a los empresarios. «Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente», expresaba.

«Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios. Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las Fuerzas Armadas», continuaba el manifiesto.

«Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes. En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto», agregaba.

«El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos -continuaba-. Para que ellos se dignen seguir ‘trabajando’, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan. Permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país. Dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero. Dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios. Permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo».

Unidad Popular advertía que «las clases dominantes del país tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras». El frente proponía «una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder». Establecía que las empresas debían «garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos» y prometía acelerar «el proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva». «Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua», explicaba.

El gobierno de Allende quería «resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías». «Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad». También se garantizaría la «ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado»: «Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional».

También «liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero»: «Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc».

Allende ganó las elecciones y asumió el 4 de noviembre de 1970. Gobernó hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando un golpe de estado de las Fuerzas Armadas, con apoyo de los sectores más conservadores ligados a la Iglesia, provocaron la caída con bombardeos al palacio presidencial.

Allende se suicidó tras corroborar que todos sus colaboradores habían salido de la casa de gobierno. La dictadura liderada por Augusto Pinochet se mantuvo en el poder hasta 1990.

 

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