El Gobierno provincial formalizó la exclusión de esta miembro del Servicio Penitenciario. La medida llega meses después de que la Justicia Federal la imputara por su presunta participación en el transporte de estupefacientes.
El Ministerio de Gobierno y Justicia de Salta dispuso la baja definitiva de Sandra Mariela Florentín, quien se desempeñaba en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán. La decisión quedó plasmada en la Resolución Delegada 745 D, publicada este miércoles 16 de septiembre en el Boletín Oficial.
Florentín había sido imputada en enero de 2025 como partícipe secundaria en una causa por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, formalizada ante el juez federal de Garantías N° 1, Julio Bavio. En ese expediente fueron investigadas ocho personas, entre ellas Miguel Ángel Torres, excomandante mayor de Gendarmería Nacional, señalado como presunto coordinador de la organización, y su hijo Miguel Emanuel Torres Ibba.
El operativo que derivó en las detenciones permitió secuestrar más de 34 kilos de cocaína y casi un kilo de éxtasis, además de armas, dinero y vehículos. Uno de los procedimientos se concretó en Mendoza, donde fue interceptado un vehículo que trasladaba la droga.
La investigación federal sostenía que la organización operó durante aproximadamente tres meses, con una ruta que partía de Orán y tenía como destino Mendoza. Según esa hipótesis, la droga se obtenía en Bolivia, se acopiaba en Orán y luego se trasladaba mediante convoyes de dos o tres vehículos, en los que uno transportaba el cargamento mientras los otros cumplían funciones de apoyo o de «punteros» para advertir sobre controles.
En paralelo a la causa penal, el Servicio Penitenciario había iniciado un sumario administrativo contra Florentín tras su detención, mediante la Disposición 089/25. La resolución ahora publicada indica que la agente permanecía en situación pasiva desde el 15 de enero de 2025 y que el sumario concluyó con la recomendación de aplicarle un correctivo disciplinario y solicitar su baja, en un proceso administrativo independiente de la causa que instruye la Justicia Federal.