Alfredo Salazar fue aprehendido el miércoles 12 de agosto en la ciudad de Tarija. Las autoridades bolivianas lo entregaron a las argentinas en La Quiaca. Desde allí, Salazar presencio su audiencia de imputación.
En esa audiencia, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, le dictó ayer la prisión preventiva. Alfredo Salazar es uno de cuatro prófugos que quedaban por detener en la causa que investiga el contrabando en Finca Karina, ubicada en la localidad de Aguas Blancas (Orán) y que limita con la ciudad boliviana de Bermejo.
Salazar quedó imputado por contrabando de importación de mercaderías agravado por el número de personas y por el valor de la mercadería contrabandeada. El capturado se suma ahora a once personas detenidas 4 de agosto de 2025 y serán enjuiciados entre el 1 y 29 de septiembre; con audiencias finales programadas para el 6 y 13 de octubre de 2026. Solo dos están con prisión domiciliaria. El resto fue excarcelado.
Además de Salazar, los detenidos son José Benito Cardozo y Carlos Alberto Rueda Camargo, quienes también estaban prófugos y fueron capturados este año. Cardozo se habría entregado tras haber estado un tiempo prófugo de la Justicia, mientras Rueda Camargo fue detenido en el Hospital San Vicente de Paul de Orán el 4 de agosto pasado (a un año del allanamiento en Finca Karina), había sido derivado a este Hospital tras ser herido con un arma blanca por su pareja. Por ahora, el único que continúa prófugo es Rubén René Rosales, otro miembro que se señala como clave en la organización.
“El éxito del contrabando a través de la Finca Karina se dio porque este inmueble de propiedad privado ubicado en el municipio de Aguas Blancas permite el acceso directo a la playa del río Bermejo y tiene conexión con la ruta nacional ruta 50, que va a Orán, sin pasar por la Dirección de Aduana”, destacó la sección local del diario Página 12.
La mercadería proveniente de Bolivia era pasada al lado argentino en gomones por el río Bermejo. Una vez en suelo nacional, desde la Finca Karina la mercadería era trasladada en vehículos a distintos puntos del país. El contrabando era un secreto a voces entre quienes conocían la frontera y denunciaban la actividad.
“El fiscal Romero inició la investigación el 26 de mayo del año pasado. De esa investigación surgió que la propiedad que se utilizaba para el contrabando está compuesta por dos matrículas catastrales. Una, conocido como Finca Karina, había sido adquirida por Gladis Salazar el año pasado, por 20 millones. El predio le había sido vendido por su hermano, Alfredo. La investigación consideró que el perfil financiero de la mujer no lograba justificar la compra”, resaltó el medio citado.